Cristina, Máximo y Florencia Kirchner apelaron este jueves la determinación del juez federal Jorge Gorini de ejecutar veinte propiedades como resultado del decomiso fijado en la causa Vialidad para cubrir la cifra de 685.000 millones de pesos. Asimismo, la ex Presidenta se opuso a través de otro escrito, a la restricciones impuestas a las visitas que recibe en San José 1111.
Cristina Kirchner está presa desde el 15 de junio en cumplimiento de la sentencia condenatoria que le atribuyó, en el marco de la causa Vialidad, seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Desde entonces, con domicilio en San José 1111, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispusieron el arresto domiciliario con una serie de pautas a cumplir para no perder dicho beneficio.
Sin embargo, en cuanto a las personas que pueden visitar a la ex mandataria, se había impuesto un listado oficial que no requiere de previos pedidos de autorización (abogados, familiares, contadores, médicos) y por fuera del mismo, se debe remitir la correspondiente nota al TOF 2.
La última foto de Cristina Kirchner con nueve economistas en el living de su casa, condujo a las restricciones impuestas por el juez Jorge Gorini que ahora apeló la defensa.
Según estableció el juez que ejecuta la pena, no podrá podrá recibir personas más de dos veces por semanas y un máximo de tres personas por dos horas.
«Establecer que las visitas a las que refiere el punto precedente deberán, en lo sucesivo, tener una duración máxima de dos (2) horas, que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión», sostiene el fallo apelado por Cristina Kirchner.
Al finalizar la fundamentación de aplicar restricciones a las visitas que recibirá Cristina Kirchner, el juez Jorge Gorini explicó: “a partir de una interpretación que procura compatibilizar las reglas aquí aplicadas con el régimen de visitas previsto para las personas privadas de su libertad en establecimientos dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”.
Ello pone de manifiesto que el régimen aquí implementado -en el cual un grupo cercano, de tamaño considerable, posee acceso irrestricto al domicilio de Fernández de Kirchner- “resulta suficientemente garantizador de los derechos elementales inherentes a toda persona privada de su libertad”.
Ese criterio fue apelado este jueves por la defensa de la ex Presidenta que exige que se deje sin efecto las pautas impuestas.
Con dos escritos la familia Kirchner rechazó la decisión del TOF 2 respecto al avance sobre veinte propiedades como resultado del decomiso fijado en la causa Vialidad.
Hace veinte días, el TOF 2 resolvió que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados en la causa Vialidad respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la cifra exacta de 684.990.350.139,86 pesos.
Las propiedades ejecutadas a los condenados del caso Vialidad pasarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la primera resolución para hacer efectivo el decomiso, Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que vendrá una segunda etapa con más propiedades.
A partir del primer universo de bienes individualizados por los representantes del Ministerio Público Fiscal (cfr. presentación del 12 de septiembre de 2025) “corresponde en esta instancia que el tribunal se pronuncie a fin de determinar cuáles de los bienes incluidos en la requisitoria fiscal resultan efectivamente ejecutables en el marco de la pena”, del caso Vialidad.
En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
La ex mandataria se quejó de la medida diciendo que el TOF 2 señalando que trata de una «nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada y ahora utilizado para castigar también a su núcleo familiar».
Indudablemente, continuó diciendo en su apelación Cristina Kirchner, «estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial».
odos los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner «tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, Máximo y Florencia Kirchner recibieron estos activos por parte de sus progenitores», señala el escrito interpuesto.
Estas circunstancias, expresa la defensa, «impiden afirmar que los bienes en cuestión constituyan el instrumento, el producto o el provecho del hecho enjuiciado y, por ende, que revistan carácter decomisable. Pese a ello, contrariando las pautas establecidas en resoluciones recientes dictadas por el propio Tribunal ordenó que los hijos de nuestra representada sean desapoderados de su propiedad».
El planteo interpuesto por los hijos de la ex mandataria, sostiene «deberá dejarse sin efecto el decomiso de todos los bienes pertenecientes a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que fueron enunciados» por el Tribunal.
Al respecto, se señaló que los 19 bienes que se buscan ejecutar y que fueron cedidos por Cristina Kirchner a sus hijos, genera un «desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos por mis representados, deberá suspenderse la tasación, la inscripción registral, la puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de cualquier otra entidad, la realización y la ejecución de las propiedades aludidas».
Entiende la defensa que los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner «tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, recibieron estos activos por parte de sus progenitores».
Por ello, los abogados consideran que avanzar en la ejecución patrimonial, es «un atropello cometido contra los derechos de Máximo y Florencia Kirchner, sino también preservar las reglas esenciales del Estado de Derecho. Permitir que se consolide una confiscación fundada en razones políticas y no jurídicas implica abrir la puerta a prácticas que remontan a las épocas más oscuras de nuestro país, incompatibles con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a su texto».
