En septiembre de 2019, en Neuquén, una nena de 7 años se fracturó la tibia de su pierna izquierda en la escuela durante una clase de gimnasia y su familia llevó el hecho a la Justicia local. La querella reclamaba 6 millones de indemnización, logró acordar algo más de 10 millones con una compañía de seguros y ahora, años después, la sentencia llegó a un pago de 175 millones de pesos, que para las autoridades provinciales es un castigo «ilícito e inmoral» y «afecta gravemente al patrimonio del pueblo neuquino».
La decisión llevó la firma del juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, Carlos Choco, de la ciudad de Chos Malal. El 14 de abril falló en primera instancia en contra del Estado provincial obligando al Consejo Provincial de Educación (CPE) a pagar esa suma, que no solamente superaba la demandada por la familia de la niña, sino incluso en causas por muertes. La Cámara de Casación lo avaló con una sentencia definitiva del 13 de noviembre.
«Resulta un claro enriquecimiento sin causa, de carácter confiscatorio, ilícito e inmoral, que afecta gravemente al Estado y con ello al patrimonio del pueblo neuquino», dijeron desde el Ministerio de Educación provincial, reportó el diario La Mañana de Neuquén.
La lesión, ocurrida hace ya seis años, al momento de ser revisada fue diagnosticada como una fractura sin desplazamiento y catalogada como «lesión leve».
La familia, en principio, había reclamado 6 millones de pesos, teniendo en cuenta incapacidad a partir de los 18 años. Pero el juez Choco multiplicó varias veces esa suma y, según la prensa local, no justificó jurídicamente «semejante salto cualitativo».
La contraparte indicó que el juez «aplicó una fórmula de actualización de daños con parámetros propios, sin fundamentos fácticos ni jurídicos, exorbitando de manera exponencial lo peticionado en la demanda, lo que conllevó a la incongruente, infundada y estrambótica suma determinada tanto por el juez de grado, como luego confirmada por la Cámara de Apelaciones».
«El monto del litigio resulta ser exorbitante y desproporcionado«, apuntó el recurso redactado por el Ministerio de Educación.
La polémica se vio agrandada además porque el accidente, ocurrido en el ámbito del CPE, fue cubierto por una compañía de seguros que de manera particular puso fin al litigio el 13 de marzo de 2020. Entonces el padre de la niña cobró algo más de 10 millones de pesos.
De esta manera, ante la demanda presentada por los padres el 23 de septiembre de 2021, contra Sancor y el CPE, ambos recurrieron al recurso de que el tema ya fue resuelto en otro juicio, por lo tanto, no se puede volver a juzgar.
