El Gobierno dictó un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional, con una mayor centralización operacional en la SIDE y una reorganización de su estructura que si bien le quita algunas áreas refuerza su capacidad de influencia. Pero la enmienda también incluye apartados polémicos al declarar como «encubiertas» todas las actividades de inteligencia y autoriza a los espías a realizar detenciones en caso de hechos de flagrancia o por requerimiento judicial.
El DNU, que se publicó en el Boletín Oficial del viernes 2 de enero tras filtrarse este jueves junto a la resolución que autoriza aumentos salariales a ministros y altos funcionarios, establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y con el objetivo de reducir el “riesgo estratégico nacional”. Esa definición se incorpora como principio general y marca un cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.
En el oficialismo justifican la reforma en que hará «más eficiente» a la agencia al suprimir competencias que no le corresponden -«inteligencia interior o protección de infraestructura digital», deslizan- y al mismo tiempo buscará transparentar el intercambio de información con otros organismos del Estado de manera que todo quede registrado en el sistema en forma automática.
La normativa también le dará a los agentes la facultad de «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia y deberá avisar a las fuerzas de seguridad competentes. También podrá hacerlo con una orden judicial.
Entre las principales modificaciones, el decreto reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En materia digital, el Gobierno dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad quedó reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura.
El decreto también otorga mayor poder a la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y controlar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y a requerir información a todos los organismos del Estado nacional, así como a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta unificación se venía estudiando desde los tiempos de Silvestre Sívori al frente de la entonces AFI -renunció en 2024 con la eyección de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete- en base a recomendaciones de las autoridades del rubro de los Estados Unidos, léase la CIA.
Como sea, la decisión es un espaldarazo a Santiago Caputo, el asesor que controla el área de Inteligencia, pero también una señal de la ascendencia de Karina Milei en el área. El jefe de la SIDE Cristian Auguadra, fue nombrado por Caputo tras la salida de Sergio Neiffert. Pero Karina pasará a controlar el área de Ciberseguridad que dependerá de Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza.
Como novedad, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a organismos clave como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a la energía, lo nuclear y el espacio. Su función será proveer información relevante para la producción de inteligencia.
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la habilitación al personal de inteligencia para proteger sus instalaciones y operaciones, repeler agresiones y, en casos de flagrancia, aprehender personas, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.
El decreto, asimismo, modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Actualmente es el PEN el encargado de esa función pero pasará a ser una competencia del secretario de Inteligencia. Queda exceptuado el Inspector en virtud de su rol de control, por lo que seguirá siendo designado por el PEN. Dentro del organismo se vio como un cambio «positivo» porque le da más poder al «Señor 5» para decidir sobre las agencias y no depender de la Casa Rosada.
En el Gobierno salieron a defender el contenido de la reforma al asegurar que hace más eficiente a sistema, termina con superposiciones de distintas agencias y organismos y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional. «Lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo, sostienen en el oficialismo..
El decreto quedará vigente una vez publicado en el BO y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada sensible.
