Los proyectos de Modernización Laboral, cambios a las leyes de Glaciares y al Código Penal son los tres temas centrales para el oficialismo en el Congreso. Por este motivo, son también aquellos a los que la oposición busca ponerles un freno. Los primeros dos ya fueron enviados, mientras que la reforma penal requerirá un debate más profundo.
En las últimas horas se sumó el DNU que amplía facultades de la SIDE, que será de las primeras iniciativas en tratarse, si es que la Comisión Bicameral se conforma a tiempo (tiene 10 días hábiles a partir de este jueves). Superado ese plazo, podrá ser tratado en el recinto directamente.
En ese escenario ya trabajan distintos sectores de la oposición, encabezados por los bloques de Unión por la Patria (UxP), conducidos por el diputado Germán Martínez y el senador José Mayans. El objetivo es reunir los votos necesarios para rechazar la medida.
En la Cámara de Diputados, a los 93 integrantes de UxP podrían sumarse los cuatro legisladores del Frente de Izquierda y 22 del interbloque Unidos, integrado por Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
También se prevé el acompañamiento de la diputada Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba; de Jorge “Gato” Fernández, de San Luis; y de Marcela Pagano, de Coherencia. En la misma línea se ubicarían dos exlibertarios que hoy integran País Federal, Claudio Álvarez y Gerardo González.
Esa construcción opositora podría alcanzar la mayoría en Diputados. Las conversaciones para sumar adhesiones continúan pese al receso de verano. Para abrir el recinto se necesitan 129 legisladores que den quórum; luego, el rechazo requiere el voto de la mitad más uno de los presentes.
En la Cámara alta, UxP parte de una base de 28 senadores pertenecientes a distintos espacios del peronismo, incluido el Frente Cívico de Santiago del Estero que responde al exgobernador Gerardo Zamora. Dentro de ese núcleo se encuentran el bloque Justicialista que conduce Mayans y Convicción Federal, del puntano Fernando Salino.
Para alcanzar las 37 voluntades necesarias, podrían sumarse algunos senadores de la UCR y de Provincias Unidas, como Alejandra Vigo, de Córdoba, o Carlos Espínola, de Corrientes. También hay expectativa por la postura que adopten los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Moveré por Santa Cruz.
El Congreso no tiene facultades para modificar el contenido de un DNU. Su rol se limita a aprobarlo o rechazarlo. Si ninguna de las cámaras lo impugna, el decreto continúa vigente por la vía de la aprobación tácita. Para que quede sin efecto, en cambio, es necesario que ambas cámaras lo rechacen.
En la segunda quincena de enero, el oficialismo retomará en el Senado las conversaciones para consensuar el proyecto de reforma laboral, una iniciativa que ya cuenta con dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Ese proceso es encabezado por la senadora Patricia Bullrich y constituye, hasta ahora, el principal avance legislativo de la propuesta impulsada por el Gobierno.
El debate formal todavía no llegó a Diputados, pero en la Cámara baja el tema ya genera expectativas y movimientos. Si el Senado aprueba el proyecto, Diputados pasará a ser cámara revisora, un rol que —según anticipan distintos legisladores— no será meramente protocolar. Por el contrario, advierten que la revisión incluirá discusiones de fondo y eventuales modificaciones.
Al respecto, la bancada de Unión por la Patria apoya su estrategia en los legisladores de extracción sindical para diseñar la ofensiva contra el proyecto del presidente Javier Milei. En ese grupo se encuentran Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Vanesa Siley; Mario “Paco” Manrique, de Smata; y los bancarios Sergio Palazzo y Carlos Cisneros.
Voceros de esos diputados sindicales aseguraron que ya están presentando propuestas alternativas, más que simples cambios puntuales al texto del oficialismo. Entre las iniciativas destacadas figura un proyecto de Hugo Yasky que propone modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo en lo referido al período de vacaciones.
En ese marco, las estrategias y los contactos comenzaron a desplegarse entre los diputados nacionales. El socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas —referenciado en la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia—, adelantó a TN que ya tienen en agenda una reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT). El encuentro había sido coordinado en diciembre con el triunvirato sindical, pero debió suspenderse por el tratamiento del Presupuesto 2026 y fue reprogramado para las próximas semanas.
En tanto, todo indica que la reforma del Código Penal será presentada de manera integral, luego de que el Ejecutivo evaluara la posibilidad de enviarla al Congreso en distintos capítulos. Se trata de una modificación de más de 900 artículos, cuyo eje central es la elevación de las penas y el endurecimiento de las sanciones penales.
El proyecto también forma parte del temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno en diciembre del año pasado. No obstante, en la Casa Rosada ya dan por descontado que no llegará a tratarse antes de que finalice febrero y apuntan a presentar formalmente la iniciativa en el Congreso de la Nación durante el mes de marzo.
