El 16 de febrero de 1996, José Luis Cabezas, en su trabajo como fotógrafo de la revista Noticias, le sacó una foto en una playa de Pinamar a Alfredo Enrique Nallib Yabrán, el empresario que colocaba exempleados suyos como ministros en el gobierno que encabezaba Carlos Menem.
Con esa foto, Cabezas logró ponerle rostro al hombre de negocios que se había convertido en poder detrás del poder en la Argentina de la década menemista.
Junto con su compañero Gabriel Michi, siguió a Yabrán hasta el balneario Marbella, en Pinamar, en una playa en la que había custodios del empresario mezclados con los bañistas, Cabezas advirtió entre la gente la cabellera canosa y el físico de 1,90, era Yabrán que regresaba de una caminata.
Ninguno de los turistas que poblaban la playa ese verano en plena temporada sabía que el hombre de cabellos blancos que pasaba al lado era el empresario del poder, al que todos los empleados propios y ajenos temían porque no conocían su rostro.
Pero Cabezas y Michi sí sabían quién era y estaban a punto de ponerle rostro al hombre al que el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado por el manejo hegemónico de los depósitos en el aeropuerto de Ezeiza y acusado de ser el jefe de una mafia enquistada en el poder.
Cabezas tomó su cámara a la que le agregó una pesada lente y captó el momento en Yabrán y su esposa caminaban por la concurrida playa pinamarense.
De esa forma, Cabezas le puso rostro al empresario que se jactaba de que “ni los servicios de Inteligencia tienen una foto mía. Gracias a eso puedo andar por la calle. No van a ser ustedes los que me convenzan de lo contrario”. Esa frase había sido expresada por Yabrán en una conversación con dos periodistas de la revista Noticias en un edificio con el frente de vidrios oscuros en la calle Venezuela, cerca de la avenida Entre Ríos.
Por ese motivo fue que esa foto cambió todo. Fue un golpe en la línea de flotación a la estructura de un imperio que había construido a partir del miedo y los vínculos con los sectores más oscuros del gobierno militar, primero, y de la administración menemista después. Con un ejército de custodios formado por exintegrantes de los denominados grupos de tareas y del Servicio Penitenciario Federal, que se encargaban de agredir a los periodistas que intentaba obtener una imagen suya.
Casi un año después de tomar esa foto, el 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue secuestrado cuando llegaba a su casa en Pinamar por un grupo de policías bonaerenses y delincuentes de la localidad platense de Los Hornos que lo asesinaron de dos balazos en la cabeza.
“A José Luis Cabezas lo mataron por su trabajo de fotógrafo”. Así describió el juez José Luis Macchi en el cuerpo 31 del expediente cuál fue el móvil del homicidio del reportero gráfico, ocurrido el 25 de enero de 1997, en Pinamar.
Macchi incluyó esa definición sobre el motivo que tuvieron tres policías bonaerenses y cuatro integrantes de la banda de Los Hornos para matar de dos balazos en la cabeza al fotógrafo, al dictar el procesamiento con prisión preventiva de los siete acusados, en mayo de 1997.
“¡Muy feliz cumple. Si no te sirve de adorno es para que se lo rompas en la cabeza a algún fotógrafo indiscreto!”. La frase, cuya escritura se atribuyó a Yabrán, estaba en una tarjeta personal que, junto con un jarrón de regalo, le llegó a uno sindicalistas más importantes del país y quedó incorporada en el expediente con otras cuatro tarjetas que Yabrán envió a políticos y empresarios. Además, puso al descubierto un patrón de conducta del empresario: su encono por los periodistas.
El trabajo de Macchi y de su secretario Mariano Cazeaux fue clave para recopilar las pruebas que, en febrero de 2000, constituyeron la columna vertebral de la sentencia condenatoria que la Cámara Penal de Dolores dictó contra los policías Gustavo Prellezo, quien se desempeñaba como oficial en la oficina de judiciales de la comisaría de Pinamar; Sergio Camaratta, jefe del destacamento de Cariló y Aníbal Luna, y contra los integrantes de la denominada banda de Los Hornos conformada por Horacio Anselmo Braga, Sergio González, José Luis Auge y Héctor Miguel Retana.
Para la Justicia, todos los condenados formaron parte de un plan criminal para matar a Cabezas, en cumplimiento de una orden impartida por Yabrán, a través de Gregorio Ríos, jefe de su custodia, quien también fue sentenciado.
Todos contaron con la colaboración de Alberto Pedro Gómez, alias la Liebre, jefe de la seccional de Pinamar que ordenó liberar de móviles policiales la zona en la que secuestraron al fotógrafo y lo llevaron hasta una excavación en General Madariaga.
A 29 años del homicidio del reportero gráfico ninguno de los autores del asesinato está preso. Mientras que Yabrán nunca fue sometido a juicio. El 21 de mayo de 1998, cuando pesaba sobre sus espaldas la orden de captura nacional e internacional que el juez Macchi dictó al considerarlo presunto autor intelectual del homicidio de Cabezas, Yabrán tomó una escopeta y se disparó en la boca.
Macchi había dictado su captura cinco días antes, después de escuchar la declaración testimonial de Silva Belawsky, la exesposa de Prellezo, quien el 15 de mayo de 1998 le dijo al magistrado que su esposo había quemado la casa, en Pinamar, de un integrante del equipo del ministro Cavallo por cuenta y orden de Yabrán. Fue la prueba número 36 que se incorporó en el expediente que vinculaba al empresario con el homicidio de Cabezas.
Durante la investigación del homicidio de Cabezas, Yabrán había concurrido en dos oportunidades a los tribunales de Dolores. La primera, el 23 de mayo de 1997, cuando declaró como testigo. La segunda, en octubre de ese año, cuando ya había sido imputado en acto procesal que, según el Código de Procedimiento Penal bonaerense, se denominaba: declaración informativa. En ambas oportunidades fue acompañado de una numerosa custodia.
El 12 de mayo de 1998, Yabrán debía presentarse a declarar como imputado ante la jueza Laura Inés Elías. La investigación encarada por la magistrada dolorense determinó que, en enero de 1995, sus custodios agredieron por su cuenta y orden a Jorge Penín y Jorge Pino, cronista y camarógrafo, respectivamente, del canal 8 de Mar del Plata cuando se acercaron al chalet Narbay, en Pinamar, residencia veraniega del empresario y de su familia, con el propósito de hacer una entrevista.
Pero Yabrán no concurrió a la indagatoria. Una semana antes se refugió en Entre Ríos, en la zona de Larroque, donde había nacido y en el lugar en el que instaló varios de sus emprendimientos agropecuarios. Allí esperó una señal de sus aliados y operadores políticos que le indicaran que su libertad no corría peligro. El único mensaje que recibió fue: “elegí, vos o tu familia”. Entonces, en cumplimiento de la omertá, Yabrán se quitó la vida y evitó ser detenido.
Nunca se determinó con quiénes se comunicó Yabrán durante la semana que permaneció en sus estancias de Entre Ríos. En el living de la estancia San Ignacio, encontraron su teléfono satelital, pero las comunicaciones nunca se recuperaron.
La perdigonada y la deflagración de los gases de la escopeta provocaron múltiples fracturas en los huesos de la cara. La identidad del cuerpo fue confirmada con las huellas dactilares y un estudio de ADN que se realizó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Además del teléfono satelital, junto al cuerpo de Yabrán, los policías bonaerenses y de la fuerza de seguridad entrerriana que irrumpieron en la casa de la estancia, hallaron una carta dirigida a HC, uno de sus colaboradores. En la misiva, el empresario dejó instrucciones sobre sus emprendimientos. Tres años después, sus herederos se mudaron a Uruguay y se desprendieron de la mayoría de las empresas.
“Quién otro que Alfredo Enrique Nallib Yabrán instigó a Gregorio Ríos; este, a su vez, determinó a Gustavo Prellezo para interrumpir la tarea periodística que realizaba José Luis Cabezas en Pinamar, que tanto lo obsesionaba. Un hombre que se jactaba de que ni los servicios de inteligencia poseían sus fotos. Había tanta gente en Pinamar que sabía del crimen, que parecía la crónica de una muerte anunciada”, expresó el camarista Raúl Begué, al dictar la sentencia que condenó a los asesinos del reportero gráfico.
Los nexos entre Yabrán y la administración menemista quedaron al descubierto durante la investigación por el homicidio de Cabezas. El entrecruzamiento de las comunicaciones realizadas con los números encontrados en la agenda del policía Prellezo reveló que quien, en 1997, era el ministro de Justicia, Elías Jassan, se había comunicado por lo menos en 58 oportunidades entre octubre de 1996 y marzo de 1997 con empresas del grupo Yabrán.
Lo curioso del caso fue que, cada vez que le preguntaban, Jassan negaba en forma sistemática su vínculo con Yabrán. El único que había denunciado esa relación entre el ministro y el empresario fue Cavallo quien afirmaba que “Jassan era un empleado de Yabrán”.
Esas comunicaciones entre Jassan y las líneas de las empresas de Yabrán no constituyeron ninguna sospecha sobre el ministro en la investigación del homicidio de Cabezas, pero confirmaban quién era el interlocutor del empresario telepostal dentro del gabinete menemista.
