En la última semana de enero, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le imprimió ritmo a la negociación por la reforma laboral en el Senado: encabezó una reunión con legisladores de las bancadas aliadas en la que puntearon la ley y discutieron modificaciones que, reconocen, no van a confirmar hasta último momento. Volverán a reunirse el martes que viene.
«Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se se conocerá en el momento oportuno», aseguró Bullrich aunque sigue abierto el conflicto con los gobernadores por el capítulo fiscal. «Eso está más en manos del del Poder Ejecutivo», agregó.
El encuentro se llevó a cabo en las oficinas del segundo piso del bloque radical, que tiene 10 votos clave para el oficialismo. En representación de ese bloque estuvo el correntino Eduardo Vischi, espada parlamentaria del gobernador Juan Pablo Vischi.
La ex funcionaria tiene su despacho en reparación y no es tan amplio, mientras que las oficinas del bloque de LLA están en el anexo, así que la bancada centenaria prestó sus espaciosas instalaciones del segundo piso del Palacio. «Adoptamos este lugar como la sede del bloque de los 44″, deslizaron. Son 44 los senadores sumados de todas las bancadas, menos la del peronismo.
Estuvieron el cordobés Luis Juez, que tiene un monobloque que funciona en tándem con La Libertad Avanza; la chubutense Edith Terenzi que responde al gobernador Ignacio Torres; la tucumana Beatriz Avila aliada del mandatario Osvaldo Jaldo; la salteña Flavia Royón quien viene de tener una reunión con el tema con su gobernador Gustavo Sáenz; la santacruceña Natalia Gadano; el misionero Luis Arce, hombre de Hugo Passalacqua, y el correntino Carlos Camau de Provincias Unidas. Todos representantes de bloques o monobloques federales.
No hubo ningún representante del PRO -que tiene tres miembros-porque su jefe de bloque, Martín Goerling, no pudo viajar a Buenos Aires. Tampoco participó la neuquina que responde a Rolando Figueroa.
Después de casi tres horas de reunión, Bullrich y Vischi fueron los encargados de informar los resultados, mientras que el resto de los senadores se retiró manteniendo completo hermetismo. «Acordamos ser muy prudentes», confesó uno de ellos.
«Tenemos un entendimiento bastante importante, de un porcentaje muy alto, y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir, porque lo está esperando toda la sociedad, todos los sectores», aseguró Vischi quien mencionó que desde la cuestión federal el «el tema impositivo preocupa».
En ese sentido la UCR está pidiendo al menos una diferenciación entre empresas grandes, medianas y chicas. «Yo creo que tiene que haber alguna alternativa pero, de todos modos, hay una actitud de colaborar. Yo creo que todavía tenemos para discutir unos días más, y, a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de lograr acordar y tratar de lo antes posible sacar una ley que está esperando toda la sociedad», concluyó Vischi.
Como contó Clarín, un grupo grande de gobernadores -de distintos colores políticos- está preocupado por la caída en la recaudación que sufrirán en sus provincias si se modifican las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.
El artículo 191 del proyecto propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%.
Tal como está el texto, las provincias van a perder un 0,15 % del PBI en recaudación. Si bien se conversó la posibilidad de una «compensación», desde la Casa Rosada dieron de baja esa posibilidad y decidieron insistir.
«Con que 400 mil trabajadores entren en la formalidad ese 0,15 % ya se recupera. No es una cifra inalcanzable», había recalcado el ministro de Interior, Diego Santilli, quien viene reuniéndose con los mandatarios y esta semana viajará a Misiones y Corrientes.
Sin embargo, frente al riesgo de que ocurra igual que con la votación del Presupuesto -en donde por no querer ceder en un artículo al oficialismo se le cayó todo un capítulo de la ley- se espera que el Ejecutivo accione sobre el filo. Una opción que barajan los mandatarios, si la compensación no avanza, es que se retire el capítulo fiscal y todo eso se discuta en la reforma tributaria que el Gobierno viene prometiendo.
