En medio de las negociaciones por la reforma laboral los grupos de Whatsapp de los gobernadores volvieron a activarse para coordinar una acción conjunta por el tema que más los preocupa: la caída en la recaudación que sufrirán en sus provincias si se bajan, en hasta tres puntos y medio, las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades. Están motorizando una nueva cumbre para la semana que viene en el CFI.
En los últimos días los mandatarios cruzaron mensajes para encontrarse en persona todos -sin diferenciación de colores políticos- para conversar el tema. La fecha tentativa es miércoles que viene. Los que no puedan ir, dicen, mandarán a sus vices.
Al igual que lo hicieron el año pasado cuando, preocupados por la caída en la recaudación, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño en un hecho inédito impulsaron todos juntos dos proyectos: el de reparto automático de ATN -que se aprobó y Javier Milei les vetó– y el de coparticipación del impuesto a los combustibles, que nunca llegó a votarse.
Ahora el eje del conflicto es el artículo 190 del dictamen de modernización laboral que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, bajando el porcentaje del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%. Si se aprueba tal cual las provincias van a perder un 0,15 % del PBI en recaudación.
Según un cálculo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) el costo en la coparticipación para las 23 provincias sería de $ 3,18 billones.
Por eso los mandatarios, de arranque, pidieron algún tipo de compensación pero aclararon que sea orgánica; una herramienta que quede estructurada en un artículo del proyecto y que rija para todas las provincias de igual manera. No quieren que el Ejecutivo las decida discrecionalmente como los ATN.
En 2025 hubo una provincia -Tucumán, gobernada por el peronista ahora aliado al gobierno Osvaldo Jaldo- que acumuló $ 41.600 millones en el año. Misiones, Salta, Entre Ríos, Chaco, Neuquén y Catamarca, percibieron entre $18 mil millones y 19 mil millones cada una; otras menos y ocho provincias no recibieron ni un peso por Aportes del Tesoro Nacional: Córdoba, La Pampa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.
Pero hasta ahora, esa opción no prosperó por parte del Ejecutivo y señalan al ministro de Economía, Luis Caputo, como el más «duro». El Gobierno viene diciendo que con que 400 mil trabajadores entre todo el país sean formalizados ese 0,15 % ya se recupera.
Otra opción que algunos barajaron tiene que ver con la posibilidad de plantear una baja gradual o diferida: que el porcentaje vaya disminuyendo de a poco o que el efecto de ese artículo de la ley empiece a regir en 2027.
Los más críticos de la medida piden, directamente, que todo el capítulo que modifica impuestos sea retirado del proyecto de reforma laboral y se incluya en el de reforma tributaria que el Gobierno promete mandar.
Si no avanza ninguna opción varios legisladores que responden a los gobernadores advierten que el proyecto correrá la misma suerte que el Presupuesto, que se aprobó en general pero perdió un capítulo entero, que salió rechazado en la votación particular.
Entre las conversaciones algunos amenazan con reflotar el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que elimina fideicomisos y establece que lo generado por ese gravamen se reparta un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social para las obligaciones previsionales nacionales.
Este miércoles, cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió con sus pares de las bancadas aliadas reconoció que el tema estaba «en manos del Poder Ejecutivo». «Por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto, está en discusión», declaró la ex ministra de Seguridad.
En la misma línea se expresó el jefe de bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi: «Yo creo que tiene que haber alguna alternativa pero, de todos modos, hay una actitud de colaborar. Todavía tenemos para discutir unos días más, y también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de lograr acordar y tratar de lo antes posible sacar una ley que está esperando toda la sociedad», señaló.
