Desde finales del año pasado, el Gobierno diagrama una reforma política que buscará implementar en las elecciones de 2027. Si bien todavía no se conoce la letra chica, el presidente Javier Milei adelantó en la apertura de sesiones ordinarias que impulsarán un proyecto para cambiar el sistema electoral.
«Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos, para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política», planteó Milei en un discurso en el que dejó entrever las modificaciones que impulsarán.
El paquete de cambios que se analiza en la Casa Rosada incluye modificaciones en la boleta única de papel, nuevos requisitos para competir en elecciones nacionales, cambios en el financiamiento de los partidos, la eliminación o no obligatoriedad de las PASO, y un intento de coordinar el calendario electoral con las provincias, conversado con los gobernadores en diferentes encuentros que se hicieron en los últimos meses.
La iniciativa, que todavía está en etapa de discusión dentro del oficialismo y entre los aliados parlamentarios, busca reducir la fragmentación del sistema político y simplificar la oferta electoral. Pero también tiene un objetivo político claro: fortalecer el arrastre electoral del Presidente sobre las listas legislativas.
Uno de los cambios centrales que impulsa el oficialismo es modificar el diseño de la boleta única para permitir votar lista completa. El modelo que se analiza permitiría que el elector marque una opción para apoyar simultáneamente todas las categorías de un mismo espacio político.
En el Gobierno consideran que ese mecanismo permitiría trasladar el peso electoral del nombre de Milei hacia las candidaturas legislativas. El cambio permitiría recrear el «efecto arrastre» que existía con las listas sábana, que el oficialismo eliminó al diagramar la boleta única.
En particular, creen que podría beneficiar a las listas de senadores nacionales y diputados nacionales, donde el oficialismo busca mejorar su representación parlamentaria en las próximas elecciones.
La modificación también apunta a evitar uno de los problemas que el oficialismo identifica en la boleta única: la dispersión del voto cuando el elector debe seleccionar cada categoría por separado.
Otro eje del proyecto apunta a reducir la cantidad de candidatos que pueden competir en elecciones nacionales, con el objetivo de evitar boletas únicas demasiado extensas y limitar la proliferación de listas.
Para eso, el Gobierno analiza endurecer los requisitos para presentar candidaturas presidenciales. Actualmente, para competir por la Presidencia una alianza electoral necesita contar con al menos un partido nacional con personería en cinco provincias.
La propuesta del oficialismo es elevar ese requisito a diez provincias, lo que elevaría la barrera de entrada para fuerzas políticas pequeñas o emergentes.
Además, se evalúa aumentar el número de avales necesarios para oficializar candidaturas o partidos en cada distrito. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se requieren alrededor de cuatro mil firmas para validar una postulación. La idea es elevar ese número para reducir la cantidad de listas que llegan a competir en una elección.
Según explican cerca del oficialismo, el objetivo es ordenar la oferta electoral y evitar boletas únicas con decenas de candidatos, algo que podría dificultar la votación y favorecer la fragmentación política.
La reforma también contempla cambios en el financiamiento de la política. Entre las alternativas en análisis aparece la posibilidad de habilitar nuevamente aportes de empresas privadas a las campañas electorales y al funcionamiento de los partidos políticos, algo que hoy se encuentra restringido por la legislación vigente.
En el Gobierno sostienen que permitir ese tipo de aportes, bajo esquemas de control y transparencia, podría reducir la dependencia de los partidos respecto del financiamiento estatal.
Otro capítulo de la estrategia oficial está vinculado con el calendario electoral. La Casa Rosada busca que un número significativo de provincias adopte la boleta única de papel y unifique la fecha de sus elecciones con la elección nacional.
El objetivo es evitar el desdoblamiento de comicios provinciales y municipales, una práctica que en los últimos años se volvió frecuente y que suele responder a estrategias políticas de los gobernadores. En 2023, la mayoría de las provincias desdoblaron sus comicios respecto a la elección nacional.
En ese marco, dirigentes del oficialismo mantienen conversaciones con mandatarios provinciales para explorar la posibilidad de coordinar los calendarios electorales. En las negociaciones participan, entre otros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y referentes políticos cercanos al Gobierno.
Hasta ahora, el único gobernador que manifestó predisposición a avanzar en esa dirección fue el mandatario de Chaco, Leandro Zdero. Sin embargo, en la oposición anticipan que la mayoría de las provincias mantendrán sus elecciones separadas de la nacional.
El debate sobre el futuro de las PASO también forma parte de la discusión de la reforma política, aunque dentro del propio Gobierno reconocen que no hay consenso pleno sobre ese punto.
Algunos sectores del oficialismo promueven directamente su eliminación, tras la suspensión aprobada en 2025, pero fuentes de Casa Rosada admiten que no están los votos suficientes en el Congreso para avanzar en esa dirección.
«Cuando ya las suspendiste una vez, es muy difícil volver a recuperarlas», resume, no obstante, una fuente de la oposición, casi resignado por la probable eliminación.
Sin embargo, en caso de que no prospere esa iniciativa, una de las alternativas que se analiza es convertir las primarias en optativas en lugar de obligatorias.
