La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 5 años de prisión de Luis María Viaut, el ex fiscal federal de San Francisco, Córdoba, por corrupción. Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisible la queja de la defensa, que intentaba impugnar la sentencia alegando una supuesta arbitrariedad y falta de imparcialidad.
La sentencia, dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de la jueza María Noel Costa, desnudó un mecanismo de recaudación ilegal montado en el corazón de la fiscalía. Viaut fue hallado responsable de los delitos de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, al comprobarse que cobraba sobornos para frenar investigaciones penales o ejercer presión en causas de la justicia ordinaria.
El esquema delictivo contaba con la participación de Darío Rivarola, un empleado de la fiscalía bajo el mando de Viaut, quien actuaba como su «mano derecha» e intermediario en las negociaciones.
La justicia identificó dos hechos principales. En el caso de la Cooperativa «Las Cañitas», Viaut solicitó, a través de Rivarola, 2,5 millones de pesos a directivos de una cooperativa tambera de la localidad de El Tío para “cajonear” un expediente y evitar un procedimiento inminente. El otro hecho vinculó al empresario Víctor Brugnoni -también condenado por cohecho activo- quien contactó a la red de Viaut, para que influyeran sobre funcionarios que investigaban a su hijo por delitos sexuales. Por este «favor», Brugnoni ofreció 250 mil dólares, de los cuales llegó a pagar una primera entrega de 17.100 dólares.
Antes de que la condena quedara firme, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal ya había removido a Viaut de su cargo en abril de 2023. El jury consideró de manera unánime que el funcionario violó el deber de observar «buena conducta», un requisito constitucional para la estabilidad de los magistrados en sus cargos.
El tribunal que lo destituyó estuvo presidido por Francisco Javier Panero e integrado por representantes del Senado, el Poder Ejecutivo, el ámbito académico y magistrados del propio organismo. Durante el proceso, los fiscales acusadores, Mario Villar y Ana Helena Díaz Cano, demostraron que Viaut no solo abusó de su poder, sino que montó un «verdadero negocio basado en la manipulación de detenciones y extorsiones». Además, se reveló que Viaut desarrolló una estrategia de prensa para desprestigiar a la colega que lo investigaba inicialmente.
El expediente contiene pruebas contundentes, incluyendo escuchas telefónicas donde los involucrados utilizaban un lenguaje cifrado para referirse al dinero de los sobornos. En una de las grabaciones, se habla de llevar «chorizos con grasa» o de preparar una «carneada grande», términos que el tribunal interpretó inequívocamente como alusiones al cobro de las coimas. En otro diálogo, Viaut le advertía a Rivarola sobre la necesidad de «cooptar voluntades» y de «hacer desaparecer unas cositas» cuando la investigación en su contra comenzaba a trascender.
La trayectoria de Viaut ya había estado marcada por la controversia décadas atrás. Según documentos de archivo de junio de 1997, Viaut fue el fiscal del caso «Carrasco II», donde se investigaba el encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco. En aquel entonces, fue duramente cuestionado por no responder a un pedido de indagatoria contra el entonces jefe del Ejército, Martín Balza.
El abogado de uno de los procesados llegó a acusar a Viaut de prevaricato, señalando que el fiscal rechazó investigar la «cadena de amistad» entre altos oficiales del Ejército que habrían participado en el encubrimiento del crimen en el cuartel de Zapala. Aquella falta de impulso procesal contra la cúpula militar de los años 90 resuena hoy como un antecedente en la carrera de un hombre que, años más tarde, terminaría utilizando su cargo para vender impunidad al mejor postor.
Con la confirmación de la Corte, Luis María Viaut, además de la pena de prisión, deberá enfrentar la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de multas millonarias.
