Dar vuelta la página para recuperar la agenda: esa es la primera explicación al listado de ocho proyectos legislativos que anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al menos eso revela el desconocimiento de los representantes de La Libertad Avanza en el Congreso, horas después de la publicación del funcionario en redes sociales.
«De ese listado me enteré por Twitter, como todos», se sinceró un senador violeta para este medio, aunque no fue el único. «Hasta ahora poco y nada de eso«, respondió uno de sus compañeros de bancada. «No tengo ninguna información sobre el tratamiento«, planteó una diputada. «No tenemos ni un borrador. Solo anuncios que después no sabemos cómo planificar«, señalaron con mayor incomodidad. Aún pese al desconocimiento de lo que iba a publicar el jefe de Gabinete después de su reunión con la mesa política oficialista, el primer reflejo libertario fue el de convocar reuniones de los bloques de ambas Cámaras.
«Me llama la atención el método del anuncio. Veremos cuándo mandan qué», planteó uno de los recién ingresados. Lo cierto es que la iniciativa no hizo más que evidenciar una vez más una dinámica del orden que construyó La Libertad Avanza, en donde el Ejecutivo impone la agenda parlamentaria y los legisladores se circunscriben a proveerles el voto. La presencia de Patricia Bullrich en el Senado de la Nación alteró esa conducta por primera vez, cuando logró que su proyecto de Régimen Penal Juvenil se convierta en ley.
De todas maneras, el anuncio del jefe de Gabinete puede efectivamente trazar el rumbo del Congreso en los próximos meses, principalmente por la falta de propuestas opositoras, cuyo peso parlamentario se ve disminuido por el abroquelamiento radical y provincialista con La Libertad Avanza. De hecho, en una conferencia de prensa de diputados antagonistas por la causa $LIBRA se reconoció la imposibilidad de conformar una comisión investigadora ante la falta de mayorías legislativas. Más allá de eso, hubo interés en interpelar al propio Adorni -que hasta la defensa de gestión no se presentará ante ninguna Cámara- y algunas iniciativas para el desendeudamiento familiar.
Dentro del anuncio de Manuel Adorni, sin embargo, hay una serie de iniciativas que no son sorpresa. Tal es el caso de la reforma a la ley de Glaciares, que ya tuvo media sanción en el Senado de la Nación y podría llegar al recinto de la Cámara de Diputados una vez atraviese el proceso de auditorías públicas, para las que se estiman que hay más de 60.000 inscriptos. La propuesta añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de «estratégica» la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un «glaciar o geoforma periglacial», según lo contemplen.
También era conocido el interés oficialista por una modificación en el Código Penal, que fue anunciado para las sesiones extraordinarias pero se postergó su tratamiento para priorizar la sanción de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. «Abarca más de 900 artículos», repiten desde el Ministerio de Justicia, en donde adelantaron que podría incluir temas como la imprescriptibilidad de delitos, agravamientos de penas y nuevas figuras delictivas como la de los “barras”. Aún así, precisarían de una Comisión Bicameral para hacer avanzar su intención penal, materia en donde hasta el momento han tenido siempre acompañamiento aliado.
Otras dos iniciativas apuntan a reducir el gasto público, aunque se tratan de proyectos conflictivos para el Gobierno, que no logró blindar los vetos de Javier Milei en ninguna de las Cámaras: la emergencia en discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. En ambos casos, y ante los traspiés judiciales, la gestión nacional busca reemplazar las propuestas impulsadas por la oposición -y que no está implementado- por reglamentaciones más acordes a sus expectativas fiscales. En el caso de las universidades, se conoció un borrador cuya principal reforma es que los incrementos salariales no quedarán sujetos a la inflación y anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos: el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.
Lo que sorprendió en el anuncio oficialista fue el apartado de «leyes sobre propiedad privada«. Allí el jefe de Gabinete nombró proyectos con distintos alcances y distintas temáticas que, en algunos casos, han sido tratados en el Congreso pero sus reformas perdieron estado parlamentario: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Los aliados, hasta el momento, sostienen el hermetismo sobre esta agenda. Si vuelven a dar su apoyo incondicional, el camino reformista que pretende el Gobierno tiene asegurado sus primeros kilómetros.
