El Gobierno argentino consiguió este miércoles un respaldo judicial clave en Estados Unidos en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender el proceso de discovery, un mecanismo que obligaba al país a revelar activos e información financiera que podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia de US$ 16.000 millones.
La decisión fue celebrada por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el alcance del fallo en una causa que se arrastra desde hace más de 12 años y que tuvo un revés importante para la Argentina en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska falló en primera instancia contra el país.
La medida adoptada por la Cámara implica que, por ahora, el Estado argentino no deberá informar qué bienes, reservas o activos podrían ser utilizados para afrontar la condena. Este punto era considerado especialmente sensible, ya que abría la puerta a eventuales embargos sobre patrimonio estatal.
En este contexto, Quirno calificó la resolución como un punto de inflexión dentro de la estrategia judicial. “Todo el trabajo que se ha hecho desde el presidente de Milei fue para defender con uñas y dientes la posición de Argentina y tratar de dar vuelta este fallo”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann por A24.
El canciller también remarcó la tarea coordinada entre distintas áreas del Gobierno y el frente diplomático: destacó los “esfuerzos diplomáticos tanto con Estados Unidos como con otros países” que acompañaron la posición argentina durante el proceso.
Uno de los aspectos que el Gobierno subrayó fue el acompañamiento de Estados Unidos en el expediente judicial. Según Quirno, la administración de Donald Trump intervino como amicus curiae para respaldar la postura argentina.
“Fueron los que se presentaron ante el juzgado como amigos de la Corte para poder llegar a este fallo”, señaló el funcionario.
En esa línea, defendió el rumbo económico y político adoptado por la gestión libertaria desde diciembre de 2023. “Argentina desde diciembre del 2023 está haciendo los deberes para ser un país serio y creíble. Nadie le está pidiendo un favor a nadie”, sostuvo. Y agregó: “La condición que siempre ha puesto Estados Unidos fue ‘Si ustedes siguen haciendo los deberes como los están haciendo, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos’”.
Desde el frente jurídico, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, planteó que el resultado responde a un cambio en la forma de encarar el litigio respecto de administraciones anteriores.
“La Procuración tomó una estrategia distinta. Hemos tomado una actitud mucho más proactiva de no negociar a cambio de cualquier cosa”, explicó. Y celebró que “hoy llegamos con esta noticia que es la suspensión del discovery o los procedimientos que pretendía llevar adelante Loretta Preska”.
Amerio consideró que el fallo posiciona mejor a la Argentina de cara a la resolución definitiva del caso. “Es tan importante esto porque nos encontramos con que la Cámara está en la posición de dictar la sentencia de fondo”, anticipó. Además, estimó que el fallo final podría conocerse este año.
“Nos pone en una posición fuerte y mejor para obtener el resultado que estamos buscando”, sostuvo.
El funcionario también hizo referencia al peso que tuvo el litigio sobre la imagen del país en los mercados internacionales. “Estuvimos 12 años con la espada de Damocles en la cabeza, esto tiene un costo reputacional”, señaló.
En ese sentido, planteó que el nuevo escenario abre la posibilidad de reconstruir credibilidad: “Lo que se busca es credibilidad de Argentina”.
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, explicó en detalle el alcance del proceso que quedó suspendido. Se trata de instancias destinadas a recolectar pruebas sobre activos que puedan ser embargados para cumplir una eventual sentencia.
“El discovery implica procedimientos para producir prueba para encontrar activos que puedan ser ejecutables para cumplir la sentencia”, indicó. Entre ellos mencionó bienes, acciones, reservas de oro e incluso dispositivos personales de funcionarios que pudieran aportar información.
Frente a ese escenario, el Gobierno había optado por una estrategia de cumplimiento controlado para evitar sanciones mayores. “Argentina tomó una posición estratégica de someternos a cumplir para evitar a toda costa un desacato”, explicó Ibarzabal, en referencia a lo que definió como pedidos cada vez más “agresivos” por parte de los fondos litigantes, entre ellos Burford.
Finalmente, también destacó el rol de Washington en el proceso judicial: “Estados Unidos se presentó cinco veces en el expediente a apoyar a Argentina”.
