La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en las instalaciones de la TV Pública para incautar documentación relacionada con los contratos suscritos con Imhouse S.A., la productora del periodista Marcelo Grandío.
El procedimiento, realizado este jueves, forma parte de la investigación judicial que encabeza el juez federal Ariel Lijo sobre posibles dádivas o irregularidades en la función pública vinculadas al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
Contexto de la investigación judicial
La causa se originó tras un polémico viaje en avión privado a Punta del Este (Uruguay) durante el fin de semana largo de Carnaval, en el que participaron Adorni, su familia y Marcelo Grandío. El piloto del vuelo, Agustín Issin, declaró ante la Justicia que la productora de Grandío (Imhouse S.A.) y la empresa Alpha Centauri S.A. pagaron el servicio, lo que contradice la versión inicial del jefe de Gabinete, quien aseguró haber cubierto los gastos propios y de su familia.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Lijo investigan si estos hechos configuran una violación a la Ley de Ética Pública o la entrega de dádivas a un funcionario público a cambio de favores, incluyendo posibles beneficios en la contratación de servicios con el Estado. La cercanía entre Grandío y Adorni quedó expuesta por el viaje compartido y por la relación previa entre ambos (condujeron juntos el programa “Dos en pausa”).
Rol de la productora Imhouse S.A. y los contratos con la TV Pública
Marcelo Grandío es propietario fundador de Imhouse S.A., empresa que tiene varios contratos con la TV Pública (dependiente de Radio y Televisión Argentina – RTA, bajo órbita de Jefatura de Gabinete). La productora está a cargo de programas emitidos en la señal estatal y en plataformas de streaming. Su hijo, Juan Grandío, asumió roles directivos en la empresa en los últimos años.
La PSA requirió específicamente los contratos, registros de haberes y documentación vinculada a estas prestaciones de servicios. El objetivo es determinar si existieron irregularidades, inconsistencias en los montos o adjudicaciones, o si los acuerdos podrían interpretarse como una retribución por la relación personal con el funcionario.
Hasta el momento, Grandío no fue citado como imputado, aunque la Justicia no descarta avanzar en esa dirección según evolucione la pesquisa.
Reacciones y medidas en la TV Pública
El allanamiento generó fuerte impacto político. Fuentes cercanas a la administración de la TV Pública indicaron que se analiza la no renovación de los contratos con Grandío y su productora. Uno de los ciclos conducidos por el periodista en streaming ya no se emitiría, mientras que solo se mantendría un convenio menor vinculado a su hijo.
Manuel Adorni, en conferencia de prensa, defendió su posición y afirmó que “se hace cargo de sus gastos”. Sin embargo, las declaraciones del piloto y el avance de la causa mantienen abierta la controversia sobre posibles conflictos de interés en la gestión pública.
Implicancias de la causa
Este episodio pone bajo escrutinio los contratos entre medios estatales y productoras vinculadas a figuras cercanas al gobierno de Javier Milei. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PSA), organismo encargado de velar por la transparencia en la administración pública, actuó con celeridad ante la orden judicial.
La investigación continúa en los tribunales de Comodoro Py, con pericias pendientes sobre los pagos del vuelo (incluyendo un paquete de 10 vuelos por US$42.000 del que se derivó el servicio a Punta del Este, facturado en torno a US$3.000) y el análisis exhaustivo de la documentación secuestrada en la TV Pública.
