El Gobierno festeja todo lo que puede los éxitos de su plan económico, entre ellos los superávits gemelos (fiscal y comercial), la baja de la pobreza (al menos en lo que refiere a la estadística) y la baja de la inflación, además de la buena performance de los tres drivers en los que se sustenta la actividad: el agro, la minería y la energía.
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, acaba de reconocer en su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario del miércoles pasado que la inflación de marzo podría superar el 3% y el último informe de recaudación fiscal marca una notable baja del superávit, que podría transformarse en déficit si no se toman medidas rápidamente.
Aunque el ministro minimizó la importancia de la aceleración inflacionaria al asociarla al contexto internacional por la suba del precio del petróleo, estos datos pone otro asterisco en el debe del Gobierno, que se suman a la brusca caída de la actividad económica en los sectores que el gobierno no considera claves.
Si hay un índice que el Gobierno mira más que ninguno es el de inflación. Desde hace diez meses no puede hacer que el dato mensual perfore el 2% y para peor los pronósticos para marzo marcan un número superior al 3%.
Queda claro que con el tipo de cambios sin modificaciones desde hace más de un año, más la baja de algunos precios producto de las importaciones y con un mercado interno con números flojos en ventas y consumo, la perspectiva de una aceleración inflacionaria mayor son descabelladas. Sin embargo, la continuidad del aumento de los precios de las tarifas de servicios públicos y del precio de insumos clave como el de los combustibles ponen en entredicho los objetivos oficiales.
Para comenzar, la pauta inflacionaria del presupuesto 2026 del 10% anual ya no se logrará. En los tres primeros meses ya se habrá consumido el 90% de la previsión (con un número cercano al 9%). Lo que queda para el resto del año es esperar que la guerra en Medio Oriente finalice y los precios del petróleo cedan y que la recaudación mejore y permitan postergar por un tiempo quitas adicionales de subsidios a las tarifas.
Por lo pronto, lo que viene en el corto plazo son precios a la suba. Desde la Federación de transportistas (FADEAAC) señalaron que los costos del transporte subieron un 10% en el último mes por un aumento del precio del gasoil del 25% en marzo. Suena difícil que este costo no se traslade a precios.
Por si acaso, hay que sumar los aumentos ya implementados en las tarifas de servicios públicos. La electricidad sumará un 2%, el transporte público un 4,9%, el agua un 4%, las prepagas un 3% en promedio, y el gas un 1%.
Queda claro que el ritmo de inflación no podrá sostenerse a lo largo del año, a menos que se dispare el tipo de cambio en un escenario claramente improbable por decisión política. Depende del Gobierno desacelerar el aumento de los costos de las tarifas y bajar el piso de la inflación para el resto de la economía.
Según datos del Indec, la actividad económica creció en el primer mes del 2026 de manera muy desigual, un comportamiento que arrastró durante todo 2025, pero que se profundiza. Por un lado los sectores que responden a la producción primaria registraron un fuerte salto, pero por otro los ligados a la industria y el comercio marcan una importante caída.
Según, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) la mejora del 1,9% interanual del mes de enero se sustentó en la mejora de la pesca (50,8%), de la agricultura (25,1%) y de minería (9,6%). En cambio, dos sectores clave como comercio e industria manufacturera cayeron 3,2% y 2,6% respectivamente, los que justamente los que generan mayor empleo.
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo sostuvieron en numerosas ocasiones que la energía, la minería y el agro serán los drivers del crecimiento de la economía argentina para los próximos años. La pregunta es si les alcanzará para sostener el crecimiento económico y al mismo tiempo lograr sostenibilidad social y política.
Que la actividad manufacturera haya caído más del 8%, que hayan cerrado más de 22.000 empresas, que se hayan perdido 270.000 puestos formales de empleo y que las ventas en supermercados se hayan desplomado un 11% desde que LLA es gobierno no será gratis. Para comenzar, todo esto ya repercute en la recaudación fiscal.
La recaudación fiscal del mes de marzo registró una caída de algo mas del 4%, que se suma al 8,8% de enero y febrero, según los datos de ARCA. En marzo la baja se apoyó en fuertes caídas en el rubro Impuesto a las Ganancias y del impuesto a las importaciones por el desplome del consumo y a las exportaciones, además de una leve caída en el IVA y Seguridad Social.
Esta es una tendencia que se viene profundizando en los últimos tiempos, aunque no alcanzan para que las cuentas fiscales pasen a terreno negativo. En este sentido, el plan económico es estricto. El presidente Milei no cederá en este punto. Mientras sea presidente no habrá déficit. El problema que se le presenta al Gobierno, en todo caso, es cómo se mantendrá el superávit.
Habrá que computar desde abril el producto de la baja de impuestos reforma laboral (buena parte producto del desvío de fondos desde el sistema previsional hacia el fondo para indemnizaciones), además de la posible aplicación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Si se suma se perderían un 0,7% para 2026 del superávit esperado del 1,5%.
Es cierto que el Gobierno cuenta con factores de compensación que permitirían absorber ese impacto. El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que viene cayendo a un ritmo cercano a 0,5 puntos del PBI por año, aunque como vimos eso puede impactar de forma negativa en el índice de inflación.
Deben agregarse, tal como recoge el informe de la consultora PWC, los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones, estimados en 0,25% del producto y un 0,1% más producto del ajuste en la masa salarial del sector público.
Sin embargo, si se extiende la profundización de las caídas de buena parte de los sectores de la economía real, no habrá manera de compensar las bajas de la recaudación del IVA y de la Seguridad Social, a menos que el ajuste en las cuentas del Estado se profundice (con el problema que implica la elección del bolsillo a desplumar), el prometido boom de las exportaciones se concrete o que las inversiones lleguen más rápido de lo que los datos actuales marcan.
