La CPA denunció penalmente una presunta maniobra fraudulenta que podría haber generado un perjuicio de hasta $1.450 millones contra el Estado provincial. En la presentación denunció penalmente al ex jugador de San Martín, Adrián Arregui.
Alrededor de un juicio laboral que apunta no solo al futbolista, sino también a médicos, peritos y abogados que habrían intervenido en el expediente pareciera que había montada toda una maniobra fraudulenta.
La denuncia la presentó el interventor de la Caja Popular, Guillermo Alfredo Norry, y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante.
En el escrito exponen que existió un “plan criminal” destinado a obtener de manera irregular una indemnización millonaria a partir de una lesión sufrida por Arregui cuando fue jugador de San Martín de Tucumán. Se habría armado un sistema de complicidades por un monto millonario.
El reclamo data del 15 de febrero de 2019. Resulta que ese día disputaron un cortejo San Martín y Belgrano de Córdoba. En ese encuentro, Arregui sufrió un golpe en el ojo derecho. El jugador recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar apenas dos semanas después. O sea, estaba repuesto de la lesión.
El mediocampista se fue posteriormente de Tucumán y fue a jugar en clubes del exterior como Independiente Medellín y Alianza Lima. Fue posible porque pasó los análisis médicos de rigor.
Sin embargo, luego en sede judicial se estableció que padecía una incapacidad del 49,05%.
La CPA sostiene que nunca debió responder como si se tratara de una ART, y que el reclamo judicial se construyó sobre una base ilegítima porque Arregui ni siquiera estaba cubierto por esa póliza, era un aportante autónomo bajo el régimen especial vinculado a la AFA.
Lo sorprendente para las autoridades de la institución no solo pasa por el reclamo sino por toda la organización que se armó para lograr el objetivo de la millonaria indemnización.
Lo que también alarmó fue que los abogados de la CPA no contestaron la demanda, no ofrecieron pruebas y no presentaron recursos, una secuencia que la mandaba a perder a la institución. Los abogados se escudaron en que fue un «error involuntario». Simple.
Según cálculos de la CPA el daño patrimonial a la institución podría ubicarse en una franja de entre $450 millones y $1.450 millones. Intolerable maniobra.
Guillermo Alfredo Norry y Antonio Daniel Bustamante, solicitaron la suspensión de los plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026, al considerar que antes debe investigarse si todo el proceso estuvo contaminado.
