En la escuela Pilotos Niñas de Ayohuma, en Banda del Río Salí, los directivos encontraron munición calibre 11.25 mm en una ventana del aula, lo que motivó la inmediata intervención policial y peritajes de Criminalística.
Este episodio se suma a los otros que ocurrieron durante la semana donde se encontraron mensajes intimidatorios en los baños de establecimientos educativos.
Será casualidad, tal vez una moda. Pero el mensaje de la ministra de Educación Susana Montaldo, diciendo que no se puede controlar con qué entran a la escuela los alumnos, que es responsabilidad de los padres controlar a sus hijos, tal vez no ayudó. De la puerta para afuera es responsabilidad de los padres, y de las autoridades que se encargan de brindar seguridad, pero de la puerta de la escuela para adentro la responsable es la ministra de Educación, le guste o no le guste.
Tan es así que en establecimientos de Banda del Río Salí, Alderetes, Bella Vista, Los Ralos y Los Puestos, se observó la presencia de efectivos policiales y controles preventivos. O sea, el mensaje es claro, el sistema educativo no funciona con autoregulación y la convivencia no se puede basar en la confianza que los padres ejerzan la responsabilidad que tienen.
Hay sociedades con más años de historia y mejores procesos culturales en la que los ciudadanos, independientemente de la edad, se autoregulan y respetan celosamente las reglas de convivencia. En nuestro país el kirchnerismo se encargó de otorgar derechos a diestra y siniestra, sin hablar de responsabilidades porque era mala palabra, se relajó la exigencia en el sistema educativo, se despreció el mérito y un llamado de atención fue catalogado como un acto discriminatorio e injusto. Ahora estamos viendo los resultados.
Las autoridades están alarmadas porque la presencia de un proyectil marca un punto de mayor gravedad respecto de los antecedentes recientes.
Todo esto ocurre en un país donde alumnos tomaron colegios y se dieron en gusto de llamar a conferencia de prensa para explicar las razones por las que lo hicieron y negociaron con las autoridades la devolución de las instalaciones después de haber permanecido dentro de ellas varios días. El mensaje fue claro, lo absurdo, lo ilegal, la irregularidad es tolerada. Es ejercicio de derechos según esa concepción del hombre y la sociedad.
El gobernador Osvaldo Jaldo acertó al endurecer el mensaje y advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes realicen este tipo de amenazas, incluso cuando se trate de menores.
“Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”, expresó con firmeza el gobernador.
En todos los casos se abrió una investigación judicial. Es necesario llevarle tranquilidad a la sociedad, la convivencia está asentada sobre reglas de juego que son iguales para todos, quienes infrinjan esas normas deben saber que tiene consecuencias. Y decir que habrá bombas, un tiroteo o un acto que signifique violencia y riesgo para la integridad de otra persona no es una broma, es un delito. Si se entiende esto no hay espacio para la discusión.
