Cuando comenzó el Gobierno de Javier Milei una de las grandes peleas que perdió con las sociedades científicas y los laboratorios fue su intención original de prohibir la marca de los medicamentos en las recetas. Una primera norma en ese sentido luego tuvo su marcha atrás y hasta el día de hoy ese poder que comparten la industria farmacéutica y los profesionales de la salud sigue intacto. Al punto que no serían pocos los médicos que se niegan a cambiar una marca por otra aun cuando la alternativa sea más barata y rinda un beneficio similar.
Como telón de fondo de este panorama algo opaco aparece la postergada puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada por el Gobierno el 27 de marzo de 2025 pero nunca implementada, impide por ahora que un órgano transparente mida el costo-beneficio de un nuevo medicamento para negociar su precio y evaluar la cobertura de los financiadores, integrados por el sistema público, las obras sociales y las prepagas.
Ese déficit deja hoy al libre albedrío de médicos y jueces decisiones que afectan el bolsillo y un acceso más equitativo a la salud. Ocurre sobre todo con las drogas de alto costo. Uno de los financiadores más importantes del país confió a Clarín que, en base a sus últimos registros, “alrededor del 20 por ciento de los médicos, en promedio, rechaza que la cobertura que se brinda a los pacientes sea la de un biosimilar en lugar del medicamento original. Pero no hay una razón documentada que justifique esa decisión, ni por efectos adversos ni por eficacia”.
Un biosimilar es un medicamento que puede ser fabricado por un laboratorio nacional o extranjero, que ha sido copiado del original importado, y cuyo precio precisamente por ser copia es más bajo. De manera que el mecanismo funciona como un modulador del mercado, tirando para abajo determinados costos que en otros países pueden estar mejor controlados en base a los criterios de las respectivas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.
La experiencia entre diferentes actores del mercado puede variar. Fuentes de un importante laboratorio nacional que produce un biosimilar oncológico aseguraron que ese medicamento tuvo buena aceptación entre los médicos y no generó mayores conflictos para ser prescripto. Otro laboratorio argentino enfrentó la resistencia de médicos cuando sacó al mercado una droga contra la fibrosis quística, pese a que la copia sería tan eficaz como el medicamento innovador.
La lógica que regiría este mecanismo -según explican en el sector financiador- es que “cuanto menos biosimilares haya de un medicamento, y menos médicos formadores de opinión existan sobre esa droga, mayor rechazo experimentarán las copias de por una cuestión de concentración de las decisiones y su influencia en las sociedades científicas. A medida que la oferta y los expertos se diversifican, ese control tendería a diluirse”.
Según pudo saber Clarín, entre las especialidades en las que más quedaría en evidencia el rechazo médico a las copias de medicamentos aparecen la neuroinmunología (esclerosis múltiple), la oncología, la oncohematología y la reumatología. Las diferencias de precios varían según el caso pero pueden llegar al abismo: “Mientras el tratamiento para la esclerosis múltiple con una copia argentina cuesta 50 mil pesos por mes, con el original trepa a 5 millones pesos”, explicó un financiador.
¿Qué dicen los médicos frente a este señalamiento? ¿Tienen responsabilidad o la crisis del sistema los excede? Un experimentado presidente de una sociedad científica, acostumbrado a prescribir drogas de alto costo, respondió: “La cantidad de médicos que se niega a prescribir copias de medicamentos no llega al 20 por ciento de ninguna manera. Puede haber algunos casos puntuales, pero no en ese volumen. Es más, creo que es al revés y que existe una mayor tendencia a recetar medicamentos nacionales porque esos laboratorios son los que tienen una política de venta más agresiva a través de sus visitadores médicos, mientras que los laboratorios extranjeros se ajustan mucho más a las reglas de compliance (N. de la R: procedimientos internos y códigos de ética)”.
La misma fuente agregó: “Yo como médico estoy obligado a darle al paciente lo mejor que tengo disponible en el mercado. Mi función no es estar cuidándole la economía a la prepaga o a la obra social. Y lo que suele suceder muchas veces excede el tema de la marca: pedimos la cobertura del medicamento más innovador pero la prepaga sólo está dispuesta a cubrir el anterior, que naturalmente es más barato. Por eso sería clave activar la agencia de evaluación de tecnologías para que sea un ente externo el que tome esas decisiones”.
La cuestión de si el medicamento que cubre el Estado, las obras sociales y las prepagas es el original más caro o su copia más económica resulta central en el actual contexto de crisis crónica del sistema sanitario, cuando la manta corta exige sacar recursos de un lado para cubrir en otro. “Lo que se gasta de más en medicamentos lo sufre el médico en su salario y el paciente en la calidad general de la cobertura que se le puede brindar”, suelen repetir como un mantra desde el sector financiador.
¿Qué sucede cuando los médicos rechazan la copia más barata? Por lo general la controversia termina en los ya clásicos amparos judiciales. Y los jueces, sin un marco de referencia sanitario adecuado en el que basarse y sin otro consenso político y socialmente aceptado, anteponen naturalmente el derecho a la salud del paciente para dictar sus fallos. Según datos del sistema, hoy el 10 por ciento de los amparos en salud está asociado a un reclamo de marca del medicamento.
¿Por qué habría médicos que rechazarían prescribir un medicamento más barato si su efecto y seguridad son los mismos que los del original? Ahí las respuestas de las fuentes consultadas oscilan entre los supuestos buenos o malos antecedentes con pacientes que ya han usado esa droga -sin certeza de sistematización formal-, hasta especulaciones sobre presuntos intereses compartidos entre profesionales de la salud y determinados laboratorios.
Se trata de un escenario complejo que, en función de los últimos acontecimientos conocidos en el país vinculados a las patentes medicinales, podría volverse más complejo aún. El gobierno de Javier Milei se comprometió con el de Donald Trump a asegurarle un terreno fértil a los laboratorios extranjeros. Para eso ya derogó una resolución de 2012 que acotaba los criterios de patentabilidad en el país y ahora busca que, a través del Congreso, Argentina adhiera finalmente al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Los laboratorios nacionales, que hasta ahora venían nadando en aguas más calmas y encauzadas en sus intereses, temen enfrentarse a un posible tsunami de solicitudes de patentes extranjeras por plazos impredecibles si la iniciativa del PCT -al que han adherido 158 países- termina de cuajar entre los legisladores. A la vez, los financiadores vienen observando con cierta inquietud el eventual nuevo horizonte.
Fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las principales prepagas y prestadores del país, respondieron a Clarín: “Para que no redunde en costos extraordinarios y muchas veces con bajo beneficio, debe haber un Estado sólido que vele por los abusos de posición dominante. Es imperioso una agencia de evaluación de tecnologías, un sistema de compras centralizado para los medicamentos de alto precio (ya que por un periodo largo serían monopólicos) y un Fondo Nacional de Recursos para financiar estas prestaciones a toda la población sin fundir al sistema. Todo ello basado en una relación costo beneficio social en la que no sólo se tenga en cuenta la solidaridad sino también la equidad en la distribución de un recurso escaso”.
