Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios realizaron este miércoles un paro y una protesta frente al Ministerio de Salud de la Nación para manifestar la grave situación que atraviesa el sector ante los recortes en las pensiones y los atrasos en los pagos en el programa Incluir Salud. Exigen, entre otros puntos, una actualización en los aranceles. Además cuestionan el proyecto de ley enviado por el Congreso que modifica el esquema de pensiones. Días atrás presentaron una denuncia penal contra Javier Milei y Mario Lugones.
La movilización se lleva adelante frente a la sede de la cartera que conduce Mario Lugones, en la avenida 9 de julio, pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Los beneficiarios denuncian reiteradas deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales, además de la acumulación de deudas con los prestadores correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.
«Si bien el Ministerio de Salud se comprometió a saldar esta deuda durante el mes en curso, los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores», afirman en un comunicado difundido esta mañana, en el que denuncian un atraso en el valor de los aranceles del orden del 40%.
«El retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema: prestadores, trabajadores y personas con discapacidad», aseguran desde el Foro Permanente de Discapacidad, ya que en muchos casos los incrementos que se fueron otorgando quedaron absorbidos por la inflación, agravando aún más la situación: «Actualmente, los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones».
En lo que refiere a la demora en la entrega de insumos, como medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud, denuncian que es una situación que «se ha agravado tras denuncias vinculadas a irregularidades en los procesos de compra». En ese sentido, las quejas fueron trasladadas a las autoridades, pero, según afirman, «no se han obtenido soluciones concretas» por lo que exigieron «la normalización urgente de estas prestaciones esenciales».
Durante la movilización, los manifestantes entregaron un petitorio en la mesa de entrada del Ministerio de Salud, dirigido a Lugones, en el que se detallaron los reclamos y las demandas del sector. De la marcha participaron diputados nacionales del peronismo, como Germán Martínez, y dirigentes de la izquierda, entre ellos, Néstor Pitrola.
La semana pasada, el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” con el que busca reformar el sistema actual, bajo el argumento de la existencia de presuntas estafas en la registración del beneficio.
En caso de aprobarse, la iniciativa obligará a los beneficiarios a reempadronarse de forma obligatoria, debiendo acreditar una vez más su condición médica, la situación económica y su antecedente laboral. En caso de no hacerlo, se les suspenderá el pago de forma automática.
Además, definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal. Y propone cambios en el nomenclador que actualiza los aranceles.
Al respecto, el Foro manifestó «el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Se cuestiona especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido fraudulento, sin la presentación de pruebas fehacientes».
La organización criticó que el programa de pensiones se concentre en exclusiva en el otorgamiento de pensiones no contributivas por incapacidad laborativa y que se eliminen los beneficios por discapacidad por protección social. Aseguran que el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza, que podrían entrar en revisión, responde «a una realidad estructural del país, que desde hace más de dos décadas presenta altos niveles de pobreza».
«El otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza no ha sido exagerado porque el país ha tenido desde hace más de 20 años niveles del 30% de pobreza», argumentó el Foro en el comunicado y afirmó que la pobreza «enferma, discapacita, impide el acceso a recursos básicos para desarrollarse, a la salud, a la educación, etc». En números, recordaron que en el año 1999 había 990.000 personas con discapacidad en situación de pobreza.
Además, exigieron la continuidad de «un arancel único para cada tipo de prestación», en lugar de la posibilidad que plantea el Gobierno de habilitar múltiples aranceles, ya que las múltiples exigencias establecidas por el estado «generan un costo básico que debe ser cubierto».
En paralelo, familiares y organizaciones reclamaron ante Salud que se termine con el ajuste presupuestario. «Exigimos que se destine el máximo recurso económico posible» y que no se avance con el proyecto de ley, el cual, según aseguran, «conducen y tienen por objeto la destrucción del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad», sistema que es definido como «un puente de inclusión y una política pública que en la Argentina lleva casi 30 años beneficiando a cientos de miles de personas con discapacidad». «Resulta inaceptable su aprobación», concluyeron.
«La situación es urgente y requiere respuestas concretas. Está en juego la continuidad de los servicios y el acceso a derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad en todo el país», advierten.
