El Gobierno de la provincia de Córdoba estableció un nuevo protocolo que obliga a quienes realicen falsas amenazas en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Pablo Quinteros, determinó que toda intimidación, ya sea una amenaza de tiroteo o una falsa alarma, tendrá consecuencias penales y económicas para los responsables.
De este modo, a partir de ahora, cuando se active un operativo por una denuncia de este tipo, el Estado provincial cuantificará los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad y avanzará con un reclamo económico. En el caso de menores de edad, los costos deberán ser asumidos por sus padres o adultos responsables.
El protocolo contempla la participación de distintos organismos, entre ellos la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación. Todos los recursos humanos y materiales utilizados serán incluidos en el cálculo final del operativo.
Desde la cartera de Seguridad advirtieron que estas situaciones no deben ser tomadas como simples bromas, ya que generan alarma en la comunidad educativa, interrumpen el normal funcionamiento de las escuelas y desvían recursos clave destinados a la prevención del delito.
Además, remarcaron que cada falsa amenaza implica el despliegue de un importante dispositivo estatal que podría estar siendo utilizado para atender emergencias reales en otros puntos de la provincia. Por eso, consideran fundamental que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca reforzar la seguridad en los entornos educativos y establecer una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas, haciendo foco en la concientización y en la responsabilidad social.
