El Legislador Walter Berarducci, quiere facultar al Gobierno de la provincia para endeudarse con el objetivo de realizar las obras hidráulicas que le pondrían fin a las inundaciones del sur de la provincia.
Tomar créditos internacionales para las grandes obras que el gobierno no tiene presupuesto es una herramienta eficaz si se cumplen con los requisitos de eficiencia y transparencia en la aplicación del dinero.
Inicialmente el monto para contraer deuda de hasta 600 millones de dólares luce como exagerado. Pero además, no teniendo un presupuesto de los proyectos técnicos puede abrir la puerta para el desmanejo y la corrupción rampante y endémica que inunda a Tucumán.
En el proyecto de ley presentado se establece que los fondos deben aplicarse a la gestión integral de las cuencas hídricas y que se prohíbe que sean desviados y aplicados para otros fines. El destino para otros fines solo requeriría en el futuro de otra ley. Un detalle a tener en cuenta.
De acuerdo a lo que establece la iniciativa legislativa se busca financiar la regulación de excedentes hídricos, defensas contra inundaciones, sistematización de cuencas, canales, diques y sistemas de captación y aprovechamiento del agua. Fines objetivamente necesarios.
Berarducci fundamente su proyecto en las frecuentes inundaciones que sufren los vecinos del sur de la provincia y la falta de respuestas de la envergadura que requiere ese tema. Por administración no se podrían llevar a cabo las mismas porque el desafío excede la capacidad técnica y económica de los organismos públicos relacionados con esa área específica.
En el proyecto de ley se identifican los proyectos estratégicos que ya cuentan con antecedentes técnicos, entre los que se destacan el Potrero del Clavillo, destinado a regular los ríos Gastona y Medina, y el Potrero de las Tablas, orientado a la regulación del río Lules.
Tal vez, otra parte más polémica del proyecto es que contempla el dragado de los diques para recuperar la capacidad de almacenamiento del agua, pero desde el punto de vista técnico los especialistas sostienen, en su mayoría, que es tan oneroso que conviene construir otros diques, antes que dragar los existentes.
El proyecto contempla que para garantizar el pago se ofrecería «afectar los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, regalías y/o recursos tributarios provinciales, conforme a la normativa vigente».
Sin lugar a dudas Tucumán necesita darle una solución definitiva a los pobladores del sur que están en un pie de desigualdad intolerable frente al resto de sus comprovincianos, porque ellos cada una determinada cantidad de años pierden todas sus pertenencias y deben comenzar de cero para recuperar la normalidad de sus vidas. O sea, la vida para ellos es mucho más onerosa que para los otros tucumanos que no sufren las inclemencias del clima.
Lo que se debe asegurar es que el dinero no se desvíe y termine en los patrimonios privados de un grupo de políticos avivados que lo vienen esquilmando al Estado desde hace décadas y son los nuevos millonarios. La corrupción en Tucumán es la actividad más rentable y eso tiene como contracara la pauperización social y la falta de oportunidades para los tucumanos.
