La Confedereración General del Trabajo (CGT), recusó a los jueces de la Cámara del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes fallaron a favor del Gobierno nacional en abril de 2026 al suspender una cautelar previa, permitiendo la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Este fallo revirtió la decisión del juez de primera instancia, Raúl Ojeda, quien había frenado 82 artículos.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó una medida cautelar solicitada por la CGT en la causa presentada contra el Estado Nacional para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, y del Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral al ámbito de la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quien firmó el fallo es el titular de ese juzgado, Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.
