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La Cámara de Diputados pone bajo la lupa la censura a periodistas en Casa Rosada 

La Cámara de Diputados volverá a poner en agenda la situación de la prensa en Argentina ante las denuncias por restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada, generando preocupación en el sector.

La reunión fue convocada para este jueves en el Congreso y apunta a analizar lo que distintos sectores definen como un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los trabajadores de prensa.

El encuentro se realizará en el Anexo A y contará con la participación de periodistas, representantes de medios y entidades del sector. La convocatoria no fue impulsada por la presidencia formal de la comisión, a cargo de Guillermo Montenegro, sino por legisladores que buscan reactivar su funcionamiento.

El eje del debate estará puesto en las denuncias por el bloqueo al acceso de periodistas acreditados a la sede del Poder Ejecutivo, bajo la gestión de Javier Milei.

En ese marco, se invitó al secretario de Medios, Javier Lanari, para que brinde explicaciones sobre las medidas adoptadas.

El vicepresidente de la comisión, Nicolás Trotta, fue uno de los principales impulsores de la convocatoria. Desde ese espacio advierten sobre un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Según plantearon, las restricciones al acceso a la información y las denuncias de agresiones configuran un escenario que excede la actividad profesional y afecta la calidad institucional.

La discusión parlamentaria se da en paralelo a una causa judicial. El conflicto por el ingreso a Casa Rosada ya es analizado por la Justicia tras un amparo presentado por el diario Ámbito.

La acción tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, a cargo de Walter Lara Correa, y solicita la restitución del acceso para dos periodistas acreditadas.

La demanda sostiene que la restricción vulnera derechos como la libertad de prensa, el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley, además de afectar el acceso ciudadano a la información pública.

El planteo judicial se originó luego de que se impidiera el ingreso a periodistas que contaban con acreditación permanente, en un episodio que escaló rápidamente al plano político e institucional.