El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso en la Cámara de Diputados su primer informe de gestión, acompañado por el presidente Javier Milei y los miembros del Gabinete, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En sus primeras intervenciones, Adorni habló del rumbo de la economía y señaló que “los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto” en la vida de los argentinos. También evitó contestar sobre su crecimiento patrimonial y las investigaciones judiciales.
El informe, que responde 2151 preguntas de los distintos bloques de legisladores comenzando por Adelante Buenos Aires y cerrando con Unión por la Patria, concentra algunos temas clave vinculados a la economía, el empleo, las tarifas y las privatizaciones.
El impuesto grava capacidad de contribuir con el fisco, si un vende o si compra, es razonable. Ahora cuando uno toma un crédito, toma capital prestado, justamente no tiene capacidad de contribuir, to
El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, aborda uno de los puntos centrales en la hoja de ruta de la actual administración: la reforma tributaria.
“Necesitamos menos impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al sistema de turno“, dijo Milei en la apertura de sesiones ordinarias, donde anticipó que enviará este año un proyecto para reformar el esquema impositivo.
El Ejecutivo dejó en claro que avanzaría en una reestructuración del sistema en la medida en que el orden de las cuentas públicas lo permitiera, mientras que los empresarios manifiestan la necesidad de reducir el “costo argentino”, un fenómeno que, además de los impuestos, incluye las regulaciones, la logística y la conflictividad laboral, entre otras variables.
A raíz del debate sobre una reforma tributaria, uno de los legisladores solicitó conocer los “criterios de redistribución fiscal y financiamiento federal” , con el fin de “evitar que se profundicen las desigualdades entre provincias con distinta capacidad recaudatoria”.
El Gobierno respondió que evalúa distintos aspectos en el caso del IVA y del impuesto a las Ganancias, dos gravámenes coparticipables con las provincias y de gran relevancia en términos de recaudación.
“Tanto en lo que se refiere a las bases imponibles como a la unificación de alícuotas, se consideran aspectos de eficiencia y simplificación del sistema tributario”, precisa la respuesta a la pregunta 935.
En ese sentido, aparece también una consulta vinculada a los municipios, señalados por el Gobierno “por estafar a sus vecinos” mediante el cobro de tasas municipales sin contraprestación real.
El interrogante apunta directamente al alivio fiscal. “¿Tiene previsto el Gobierno nacional avanzar con una reducción del IVA del 21% al 10,5% para las compras y contrataciones que realizan los municipios, tal como fue planteado en la Comisión de Asuntos Municipales el año pasado? ¿Analiza el Gobierno alternativas intermedias —como esquemas de devolución o créditos fiscales— para corregir el hecho de que los municipios no pueden recuperar el IVA que pagan en sus operaciones?”, dice un fragmento de la pregunta 330.
El Ejecutivo respondió que la Subsecretaría de Relaciones con los Municipios del Ministerio del Interior cumple la función de articular planes, programas y proyectos de la Administración Pública Nacional de interés para los gobiernos locales, ya sea asistirlos en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de gestión local y brindar apoyo en modernización, planificación y desarrollo institucional municipal.
Sin embargo, descartaron que las definiciones de política sobre tributos nacionales sean aplicables a los municipios, así como la posibilidad de establecer alivios fiscales para ese nivel de gobierno.
Cualquier modificación del régimen impositivo nacional corresponde exclusivamente a los organismos competentes en la materia, en particular el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP).
“El sector agropecuario también tendrá su revolución. Continuaremos el sendero de baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita“, aseguró el Presidente.
La pregunta 241 apunta precisamente a ese plan: cómo se gestará la reducción o, en el mejor de los casos, la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).
“¿Cuál es el plan del Gobierno para reducir o reconfigurar el esquema de retenciones aplicadas al agro? ¿Puede garantizarse que la actual reducción forma parte de una política definitiva orientada a su eliminación? En tal caso, ¿cuáles serían los plazos previstos? O bien, ¿debe interpretarse que la disminución vigente tiene carácter meramente transitorio?“, consignaron.
En su respuesta, la Jefatura de Gabinete repasó una a una las medidas de alivio fiscal oficializadas —eliminación de DEX para los lácteos y las economías regionales, y reducción permanente para granos y carnes—. También aseguraron que está en carpeta avanzar “hacia la eliminación de las retenciones” para continuar con “el proceso de reducción que se viene materializando en forma periódica”.
Respecto a los plazos, el Gobierno es cauto: tiene en claro que los derechos de exportación son un impuesto que apunta “a llevar a cero lo antes posible”, pero no en el corto plazo.
“Si se hiciera en forma inmediata en las condiciones actuales, esto redundaría en una pérdida de recaudación en el corto plazo que generaría déficit fiscal. Para financiarlo, habría que incrementar otros impuestos, volver a la emisión monetaria o recurrir al endeudamiento, generando una pérdida de confianza de los agentes económicos y un deterioro macroeconómico que redundaría en menor crecimiento económico, retracción de decisiones de inversión y mayor inflación, impactando negativamente en todos los sectores productivos, incluyendo la agroindustria”, consideraron.
Por lo tanto, la baja de retenciones para el sector agropecuario solo se implementará en la medida en que el orden de las cuentas públicas lo permita, garantizando que una medida de ese calibre no perjudique la estabilidad macroeconómica.
