Una abuela de Santa Fe recibió la visita de la Policía Provincial y una boleta de $5.802.007 por las amenazas escolares que había realizado su nieto. Su reacción fue inmediata: «¿Qué hiciste, no te da vergüenza?», le increpó al menor frente a los agentes, en medio de su indignación por la multa millonaria.
El caso se enmarca en la política del Gobierno de Santa Fe que obliga a los adultos responsables de menores autores de intimidaciones escolares a pagar el costo exacto de cada operativo policial desplegado.
Entre el viernes y el sábado, las autoridades cursaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un total de $36.018.361.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar. Si no lo hacen, los antecedentes pasan a la Fiscalía de Estado. «No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo», advirtió Cococcioni.
Los montos varían según los recursos afectados: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio policial.
