Con oposición del peronismo, el Senado le dio media sanción al acuerdo de pago con dos fondos buitres por 171 millones de dólares. Ahora debe tratarse en Diputados antes del 30 junio, fecha límite para cancelar la deuda.
El texto se aprobó con 44 votos a favor del oficialismo y aliados y 22 en contra, del PJ.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca aprobar los acuerdos de conciliación alcanzados con dos fondos que quedaron fuera del arreglo firmado por la Argentina con otros holdouts en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Son los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Las demandas de estos bonistas se remontan a la crisis de 2001.
«Se trata de los últimos acreedores de relevancia que le quedan al país. Uno ya tiene una sentencia a favor por 96 millones de dólares y entrega de acciones de YPF mientras que el otro grupo tuvo 16 sentencias entre 2020 y 2024 por 465 millones de dólares que devengan intereses», detalló el senador libertario Agustín Monteverde, quien preside la comisión de Presupuesto y ofició de miembro informante.
En ese sentido sentenció que «el acuerdo es conveniente y legal». «Pone fin a las acciones, obliga a los fondos a no iniciar nuevas acciones ni interferir en operaciones de financiamiento de la República, extingue los dos principales litigios, evita pagarle a los estudios extranjeros y representa una quita, que respeta los principios de eficiencia, de más del 30 %», cerró.
El debate tuvo pocos oradores y quedó enredado en la eterna discusión sobre qué gobierno endeudó más al país.
«¿Quieren que hoy acompañemos acá el tratamiento de la deuda? Hasta que no venga el jefe de Gabinete acá a dar la cara y a explicar su Gobierno no vamos a acompañar. Y menos esto, con respecto al brutal endeudamiento que tiene la República Argentina», se terminó quejando el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans.
Su compañero de bancada, Jorge Capitanich sumó: «Nosotros planteamos un esquema de mayor información relativa, y creemos que es necesario también observar la disponibilidad de las divisas y los recursos, porque en Argentina tenemos dificultades con la aplicación de la emergencia en discapacidad, del financiamiento universitario y podemos pagar estos 171 millones de dólares en forma efectiva y en divisas«
La bancada que se dividió del PJ, Convicción Federal, acompañó pero hizo advertencias: «Con mucha responsabilidad vamos a acompañar este dictamen porque creemos que hay un ahorro y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable. Pero queremos advertir que esto no es Disney, no esta bien y hay que cambiar el rumbo», afirmó Guillermo Andrada.
El proyecto iba a ser votado semanas atrás pero una enmienda enviada por el ministerio de Economía hizo que se dilate.
«La enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo. Simplemente se dieron de baja bonos que quedaron prescriptos, que carecen de fuerza legal y tienen carácter de cosa juzgada», aseguró Monteverde.
