Los coletazos judiciales en torno al patrimonio y los movimientos financieros del entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron un requerimiento clave. ARCA le solicitó formalmente al contratista Matías Tabar la presentación de sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025. La medida busca cruzar datos impositivos y verificar la consistencia contable del constructor a cargo de las ambiciosas reformas de la propiedad del funcionario en el exclusivo country Indio Cuá.
La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se fundamenta en las propias declaraciones que el contratista brindó ante los medios de comunicación en mayo pasado. En aquella oportunidad, los pormenores que aportó sobre la operatoria, los montos y las modalidades de pago utilizadas para llevar a cabo la obra en el barrio privado encendieron las alarmas de los organismos de control y los peritajes financieros de la causa.
Durante sus apariciones públicas, el constructor intentó restarle dramatismo a las sospechas de la querella, pero terminó por confirmar una operatoria netamente en moneda extranjera y fuera del circuito bancario tradicional. Ante las cámaras, detalló que el 100% de las transacciones se ejecutaron en efectivo y en dólares debido al complejo contexto cambiario del país, aunque aclaró de manera tajante que en ningún momento recibió «bolsos» con dinero.
Respecto a la evolución de los costos en el country Indio Cuá, el contratista especificó que los trabajos de remodelación edilicia comenzaron con un desembolso inicial de 94.000 dólares. Sin embargo, esa cifra final escaló sensiblemente hasta superar la barrera de los 240.000 dólares debido a recurrentes pedidos adicionales y modificaciones sobre el plano original por parte de los propietarios.
Frente a esta danza de billetes físicos, la Justicia busca ahora determinar la consistencia contable del proyecto. El peritaje sobre las declaraciones juradas apunta a verificar la trazabilidad de los fondos y comprobar si los 20.000 dólares que Tabar percibió como honorarios netos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales.
Frente a un gasto total de casi un cuarto de millón de dólares cancelado de forma física, el requerimiento de las declaraciones juradas de 2024 y 2025 a Tabar resulta un paso obligado para los investigadores. ARCA busca constatar si los 20.000 dólares que el contratista declaró percibir de forma neta en concepto de honorarios profesionales fueron debidamente registrados y tributados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De igual manera, el peritaje contable apunta a determinar el origen de los fondos de los materiales y la trazabilidad de los proveedores que participaron en la obra del country. La inconsistencia o la falta de respaldo documental en las presentaciones del contratista podrían comprometer la versión oficial del oficialismo y abrir una nueva línea de investigación por presunta evasión fiscal o lavado de activos en el entorno de la Jefatura de Gabinete.
