La Justicia Federal de Tucumán asiste a un escándalo institucional de proporciones inéditas, enmarcado en la aparente búsqueda de orden e higiene. Lo que comenzó como un polémico operativo de limpieza en el subsuelo del edificio del Tribunal Oral Federal (TOF), ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, derivó de forma directa en el colapso de un juicio oral y público. Ante la desaparición física del secuestro de estupefacientes que debía servir como base probatoria de la acusación, el fiscal general subrogante Pablo Camuña se vio obligado a desistir de la acusación contra un policía imputado, dejando al descubierto una cadena de irregularidades y decisiones oscuras que, según él, resquebrajan los principios republicanos de publicidad y control judicial.
El caso que llegó a la instancia de debate se había iniciado hace ya once años, el 20 de septiembre de 2015, cuando un agente de la comisaría 6ta fue acusado de aprovechar su posición para introducir y entregar una bolsa plástica con 58 pastillas de alprazolam a un interno procesado de nacionalidad colombiana a través de la rendija de una celda. El hecho, calificado provisionalmente como entrega para la venta de sustancias medicinales sin autorización en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dependía de una pericia previa, pero fundamentalmente de la confrontación en el debate del objeto material del delito, dado que existían versiones contrapuestas sobre la descripción y el color de los comprimidos. Sin embargo, al abrirse las audiencias bajo la presidencia de la jueza Ana Carina Farías, acompañada virtualmente por los magistrados Federico Bothamley y Cristina Giordano, la propia presidencia del tribunal anticipó que las pastillas ya no existían porque se habían perdido durante la limpieza del subsuelo.
Al momento de fundamentar la caída del juicio, el alegato del fiscal Camuña se transformó en una dura radiografía. El acusador público remarcó desde el inicio que «no se ha generado la certeza mínima indispensable para sostener la acusación final del proceso», exponiendo que el Estado «ha perdido definitivamente la posibilidad de disponer de evidencia incorporada a la causa penal». Camuña fue tajante al advertir el escenario de indefensión técnica al que se sometió a las partes, señalando que «la desaparición definitiva de material secuestrado impide cualquier posibilidad futura de verificación, ampliación, control o reproducción de los estudios efectuados».
El origen de la polémica se remonta a las jornadas posteriores al 11 de mayo, fecha en la que la jueza subrogante cordobesa Giordano dispuso un vaciamiento masivo del subsuelo. Según la denuncia posterior del Secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla, quien le avisó que allí había pruebas de causas en trámite, la magistrada exigió las llaves asegurando que ellos se encargarían. Lo que siguió fue una salida gigantesca de material en camiones de Gendarmería Nacional, donde según testimonios de empleados, se cargaron de manera indiscriminada cajas identificadas, estupefacientes, armas, dinero y documentación sensible. La gravedad de lo acontecido quedó expuesto en la denuncia penal formulada posteriormente por el propio Del Sueldo Padilla ante la fiscalía federal, donde describió el operativo nocturno como un descontrol absoluto. El escándalo escaló aún más al denunciarse que los gendarmes abrían las bolsas en el trayecto de los camiones para sustraer armas y dinero.
En su alocución, el fiscal Camuña fundamentó el desistimiento y criticó con dureza la pretensión del tribunal de forzar la continuidad del proceso con pruebas alternativas. El representante del Ministerio Público fustigó la actitud de los magistrados manifestando: «cuando ocurre una irregularidad con la que hemos visto esta causa, cuando ocurre todo esto de las pérdidas, secuestro, toda la opacidad que lo rodearon, me parece que se nos está exigiendo ir más allá de nuestra función para cubrir ese faltante por medio de la otra prueba». «La frustración del proceso en este caso está atravesada por la desaparición de evidencia que se encontraba judicializada en una causa penal pendiente. Esto es bajo tutela del tribunal”, sentenció Camuña. Y agregó: “El Tribunal aún no nos dice qué se destruyó, cuándo se destruyó, cómo se destruyó, en qué causa estaban». Para el fiscal, cuando un órgano estatal dispone del destino de evidencias judicializadas sin registro ni trazabilidad, comete un atropello inadmisible. Sostuvo que «cuando se adoptan decisiones oscuras, no se notifican las partes, no se responden a los informes… se está generando un área del gobierno, un área del Estado que es inaccesible para todos y eso no es admisible en un Estado de Derecho». Asimismo, remarcó que «la transparencia no es una facultad que tienen los jueces, es una de las primeras obligaciones, porque la transparencia lo que da, lo que genera en las instituciones es legitimidad». El fiscal recordó que se vio compelido a recusar al tribunal debido a que la orden del operativo de limpieza había emanado de ellos mismos. El planteo buscaba habilitar que jueces terceros e imparciales valoraran el impacto de la pérdida del secuestro sobre el juicio legal, evitando que fuesen los mismos autores de la orden quienes decidieran sobre su propia conducta. «Por supuesto que ustedes no pueden autoevaluar su conducta o, si lo hacen, por supuesto van a tender a entender que su propia conducta es adecuada a derecho, o justa, o razonable», les dijo Camuña. «La verdad que uno esperaría que por ese famoso decoro y delicadeza que se utiliza en tantas ocasiones, el tribunal hubiera permitido que sean terceros los que determinen qué responsabilidades corresponden», lamentó tras el rechazo de su planteo.
/LagacetaExiste una profunda preocupación en las fiscalías respecto del destino final de otras muestras de estupefacientes secuestradas, armas de fuego, e incluso documentación y peritajes clave pertenecientes a causas de alta sensibilidad política y social, como la emblemática «causa Ale» o procesos vinculados a delitos de lesa humanidad. Ello configura un perjuicio que el propio Camuña calificó como «un hecho excepcionalmente grave», que limita de raíz la capacidad del Estado para ejercer válidamente la persecución penal. «Nosotros entendemos que esto es grave, un hecho excepcionalmente grave y que el resultado ha sido ahora y probablemente lo sea en otras causas también, que limita al Ministerio Público Fiscal en la posibilidad de sostener válidamente una posición y eso es muy grave», remarcó. La fiscalía, antes de admitir que no podía acusar al sospechoso, formalizó en su petitorio final la remisión completa de todas las actuaciones del caso a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que haya algún tercero que pueda determinar si se han verificado en el caso acciones o actividades que sean de competencia de esos órganos, que justamente tienen como mandato verificar que los tribunales orales federales del país lleven adelante sus tareas en el marco de la ley». Esto fue admitido por la jueza Giordano por lo que además de sobreseer al imputado, se decidió remitir las actuaciones del juicio a los órganos de control./Lagaceta
