El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso presentado por siete ex ministros de Río Negro, condenados por cobrar sobresueldos durante seis años, dejó firme la sentencia y dos de ellos deben cumplir prisión efectiva. Uno de ellos era defendido por el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, completaron el periplo judicial de uno de los escándalos políticos más grandes que sacudieron a Río Negro, en la Patagonia.
«Los recursos extraordinarios no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma ni refutan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada. Por ello, se los declara mal concedidos», firmaron los tres jueces y, así, todo un gabinete quedó con la condena firme.
La Justicia rionegrina había condenado a siete ministros y otro funcionario porque entre 2004 y 2010, durante la gestión del radical Miguel Saiz -que gobernó la provincia entre 2003 y 2011-, recibieron fondos públicos como adicionales salariales, los conocidos «sobresueldos».
Con la resolución de la Corte, los ex ministros César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona y Damián Torres- y Francisco González (Coordinación), deberán cumplir condena efectiva porque fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión.
Otros cinco ministros, Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno), deberán cumplir penas de 2 años y 6 meses. Por fuera de ese gabinete rionegrino, fue condenado el extesorero José Ongaro. Mientras que el excontador general, Gustavo Picci, quedó afuera del paquete de condenas porque declararon prescrita la acción penal contra.
En 2020, el máximo tribunal de Río Negro había confirmado la sentencia del primer tribunal, en un fallo dividido.
«No existía ninguna norma que previera el pago del adicional para los funcionarios y, por lo tanto, el dinero en efectivo que cobraban los imputados era distribuido por estos discrecionalmente, sin ningún parámetro legal; también surge que sin registro oficial seleccionaban a sus destinatarios y les asignaban un guarismo de adicional», dijo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en un fallo que recuperó el diario Río Negro.
«Los imputados separaron y sustrajeron esos fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio”, dice la sentencia. “Esto configura una conducta ilícita y no es relevante en el tipo penal analizado determinar si ese dinero después fue gastado, repartido -de la manera que sea-, o no», agregó ese tribunal.
La causa empezó por una investigación del diario Río Negro. Publicaron que los ministros -al principio la justicia había procesado a 13 funcionarios- habrían cobrado adicionales por más de 24 millones de pesos entre 2004 y 2010, unos seis millones de dólares calculados en 2010.
«Los abultados montos habrían variado cada año. En 2004 se habrían pagado más de 2.400.000 pesos; en 2005 aproximadamente 2.200.000; en 2006 2.500.000; en 2007 2.600.000; en 2008 4.000.000; en 2009 4.800.000 pesos, redoblando esa cifra en 2010 con 8.600.000 pesos», publicó el diario tras la investigación.
En ese momento, el gobierno del radical Saiz, lo negó. «El diario saca conclusiones falaces sin otra intención que perjudicarnos (…) Los montos que se imputan corresponden al pago del concepto de ‘Dedicación Exclusiva Funcional’ que se abona a funcionarios desde 2004″, aseguró, así como justificó que «eso está perfectamente reglamentado y sujeto a la revisión de los organismos de control», publicó oficialmente el gobierno.
