En el Gobierno hay números que se festejan y otros que preocupan.
Un buen ejemplo de los números que entusiasman al Ejecutivo se dio con el saldo comercial de mayo, que tuvo un superávit de US$ 3.504 millones, un récord nominal sin antecedentes en la serie histórica que mide el Indec. Nada mal.
Ese número se alcanzó por un aumento de 34% en las exportaciones y una caída de 7% en las importaciones. En los primeros cinco meses del año, el saldo positivo acumulado ronda los US$ 11.800 millones, por lo que ya superó al superávit de todo 2025, que había sido de US$ 11.320 millones.
«En mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 9.537 millones y las importaciones fueron de US$ 6.033 millones«, dijo el Indec en su informe. Mayo fue el mes número 30 con superávit de balanza comercial de manera consecutiva. Por otro lado, la caída de las importaciones está vinculada al freno de la industria. El número preocupa, pero en el nuevo tablero productivo diseñado por el Gobierno, el desplome industrial parece lógico. El foco está puesto en otros sectores productivos, como la energía, la minería y el agro.
Lo que sí comienza a preocupar y no le resulta lógico al Gobierno es la informalidad. Los números asustan y, según fuentes oficiales, superan en algunos rubros el 50%. Y la informalidad no se compone solo de empleados que no cobran su salario en blanco. Hay empresas que no depositan en tiempo y forma las cargas sociales que le retienen a los trabajadores.
Fuentes judiciales indican que ya hay denuncias penales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra bancos por irregularidades en la retención que le hacen a sus propios trabajadores. En ARCA prefieren no hablar del tema.
Los bancos fueron denunciados en abril de este año y son el Nuevo Banco de Entre Ríos, en la Fiscalía Federal de Paraná; el Banco Santa Fe, en la Unidad Fiscal de Santa Fe de Delitos Sencillos; el Banco Galicia y el Banco Santander, en la Fiscalía 11 del Juzgado Penal Económico 1. A todos, se les reclama no haber realizado en tiempo y forma el pago de aportes de Seguridad Social y aportes de Obra Social luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento.
Sin embargo, el Santander dice que se encuentra «al día con todas sus obligaciones fiscales, previsionales y regulatorias y no tiene conocimiento ni ha sido notificado de ninguna denuncia por supuestos incumplimiento sobre las cargas sociales de sus empleados». También sostiene que opera «bajo estrictos estándares de cumplimiento y control, de acuerdo con la normativa vigente, y mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades competentes».
¿Qué dice la Ley? Establece un plazo de treinta días corridos de vencido el plazo de ingreso del tributo/recurso de la seguridad social retenido; entonces, el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social se consuma por la omisión total o parcial del depósito de aportes retenidos cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel depósito.
De esta forma, según la denuncia, la empresa contribuyente retuvo a sus empleados aportes, ya que no ingresó al vencimiento del plazo legal la suma que correspondía.
ARCA no habla de las denuncias presentadas en la Justicia pero sí sobre los operativos que llevó a cabo contra diferentes cadenas de comida y que van en la misma dirección: la evasión.
“A partir del análisis de inconsistencias detectadas sistémicamente, se realizó el 16 de abril del corriente un operativo de relevamiento de personal en una importante cadena de pizzerías con presencia en Capital y Gran Buenos Aires”, afirmó una fuente de ARCA.
Según la fuente se revelaron 46 locales y 463 trabajadores de la cadenas de pizzerías Kentucky. Como resultado, el 49% de los mismos se encontraba con irregularidades, entre las que se destacan la falta de alta, diferencias en fechas de ingreso y de remuneraciones declaradas. También, se identificaron 222 trabajadores no declarados.
Además de supervisar la situación de los empleados en los comercios, en los operativos también se controlaron los dispositivos PosNet utilizados para el cobro de las operaciones.
En otra cadena de pizzerías (Ugi’s) fueron relevados 95 trabajadores, de los cuales el 94% se encontraba con irregularidades, según ARCA.
Por último se fiscalizaron 17 locales de la cadena gastronómica La Panera Rosa. “El 78% de los trabajadores tenía alguna irregularidad, con 103 empleados no declarados y 181 empleados sin alta”, indicó el organismo recaudador.
Los operativos van a seguir y en rubros diferentes. Los números preocupan porque la recaudación está lejos de dejar tranquilo a un Gobierno que decidió bajar retenciones y dejar de cobrar algunos impuestos ¿Alcanzará para recuperar algo del terreno perdido con cobrarle multas a los bancos y relevar los empleados en negro que tienen las pizzerías?
