Pese a que resignó algunas leyes, el gobierno de Javier Milei no da marcha atrás con la reforma política. El tema se pone sobre la mesa en las conversaciones con los gobernadores porque en la Casa Rosada están dispuestos a negociar un amplio rango de capítulos con tal de conseguir su sanción antes de fin de año.
Alegan, en primer lugar, razones políticas y económicas detrás de ese esfuerzo: el costo de las PASO y la apatía electoral que marcó el ausentismo en 2025. Pero incluso hay una cuestión de logística inédita que enfrentan las autoridades y que, de no poder eludirse —y el sistema electoral vigente no lo permitiría—, pondría al Ejecutivo frente a un problema de difícil resolución.
En rigor, las conversaciones dentro del Ejecutivo y con la Justicia para la organización del proceso electoral arrancaron la semana pasada. Aunque falta poco más de un año para las elecciones nacionales de 2027, los procesos licitatorios requieren, como mínimo, activarse en el último trimestre del año previo para cubrir cualquier imponderable.
La Reforma Política que empuja la Casa Rosada pone bajo la lupa al sistema electoral y de partidos en su conjunto, con modificaciones a las leyes que rigen ambos universos en Argentina. De cara a 2027, tienen una incidencia directa sobre cómo se plantearán la contratación de los servicios, desde la impresión de las boletas a la confección de las urnas.
Desde el oficialismo especulan —con más certezas que dudas— con los tiempos políticos de algunos gobernadores que harán correr el calendario varios meses. Eso, naturalmente, podría entorpecer los consensos legislativos a medida que se acerque fin de año.
A ello se suma la regla no escrita de que las modificaciones electorales no se realizan en años impares, de elecciones. De ahí que admiten: “Si pasa al año que viene, vamos a tener un problema”, reconocen desde el Gobierno.
En el afán por sacar adelante la reforma política en el menor tiempo posible, en el Gobierno relajaron algunas exigencias. Aunque siguen viendo el proyecto con una lógica integral, prima el pragmatismo y determinados capítulos podrían separarse del resto con tal de alcanzar los votos que precisan. En contrapartida, también trazan algunas líneas rojas que no quieren cruzar y son innegociables.
En este segundo grupo emergen cuatro aspectos básicos a los que el Ejecutivo entiende que no puede renunciar: la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); la posibilidad de incluir el casillero de lista completa en la Boleta Única Papel (BUP); la reducción del financiamiento del Estado; y la eliminación de la elección de parlamentarios del Mercosur.
El ítem de las PASO está hoy sujeto a un debate interno entre quienes entienden que puede discutirse un formato alternativo de primarias voluntarias y quienes se inclinan por repetir la opción de suspenderlas, como en 2025, si no prospera el plan de ponerles fin. De movida, tanto para el PRO como para la UCR, la alternativa es “mejorar” el sistema, pero no cancelarlo, aunque no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.
“Nadie sabe hoy si le conviene tener o no PASO. Pero lo que todos sabemos es que son costosas y que a la gente le molesta ir tantas veces a votar. Eso lo tenemos claro”, esgrimen desde la Casa Rosada. Ponen sobre la mesa la cifra de los u$s 250 millones como un costo real para realizar las primarias a nivel nacional y en forma obligatoria.
En el radicalismo impulsan la variante de las PAS, primarias simultáneas para las cuales deberían inscribirse quienes deseen ir a votar, siguiendo el modelo de Estados Unidos. A una parte del oficialismo no le parece mala idea en tanto cumple con el objetivo de reducir los costos totales. Lo llamativo es que no cuenta con el apoyo de otro sector de la UCR.
El PRO, por su parte, se encolumna detrás de un viejo proyecto de María Eugenia Vidal que plantea que el financiamiento corra por cuenta de los propios partidos. Pero es un punto que no comparten otros aliados del Gobierno, en particular las fuerzas de menor volumen político, que prefieren que los costos los siga solventando el Estado.
El tema del financiamiento, de hecho, excede el capítulo de las primarias dentro de la reforma política. En el proyecto de ley se elimina el sostén del Estado a las campañas y los espacios de propaganda, anula el tope de gasto por contienda y lleva del 2 al 35% la cuota que pueden aportar empresas y privados.
El Gobierno lo considera parte del mismo espíritu de achicar el direccionamiento de fondos públicos, a la par que se completa otro retiro simbólico del Estado del universo partidario. De ahí que sea uno de los puntos más difíciles de bajar del proyecto, a juicio de los negociadores de Milei.
En lo que refiere al futuro de la BUP, el Gobierno impulsa dos cambios sustanciales dentro de la Reforma Política. Uno de ellos está directamente relacionado con una traba inédita que deberá afrontar el sistema electoral argentino si no prospera una modificación profunda antes de 2027: la elección de los futuros integrantes del Parlasur dificultaría la impresión de las boletas de octubre.
El problema surge por la cantidad de categorías que se pondrían en juego en 2027 —Presidente y Vice; diputados y senadores en algunos casos—, a las que deberían añadirse dos columnas correspondientes a los parlamentarios del bloque por distrito y por jurisdicción nacional. Acorde a los cálculos que realizan las autoridades electorales, no caben dentro del ancho de 0,75 cm del modelo de BUP.
En Argentina no hay ninguna imprenta que pueda hacerse cargo de la producción de boletas únicas de papel de mayor tamaño, por lo que se debería contratar el servicio de un taller fuera del país y armar una licitación internacional para cubrir esa necesidad. Entre otras cuestiones, podrían ponerse bajo la lupa los aspectos vinculados a la seguridad del procedimiento electoral.
De prosperar la idea del Gobierno en la Reforma Política, la designación de los representantes del Parlasur volvería a ser potestad del Congreso, entre quienes resulten elegidos para ocupar una banca en los comicios nacionales. Sería una representación ad honorem, como parte de sus funciones legislativas.
De esa manera, se restarían dos categorías de la BUP, lo que reacomodaría su modelo al tamaño posible de producir en Argentina. En paralelo, se achicaría el gasto en dietas y representación que hoy corren por cuenta del Estado.
El segundo cambio en la BUP guarda relación con la opción de votar la tira completa, al incluir el casillero que no había prosperado en la primera versión de 2024. Este aspecto encuentra menos resistencias que otros puntos de la reforma política presentada, a juzgar por los resultados del año pasado, cuando se advirtió un llamativo diferencial de ausentismo entre categorías que las autoridades atribuyen a errores de omisión.
Por último, hay otros capítulos del proyecto oficialista que podrían ser susceptibles de debate e incluso de un tratamiento diferencial. La posibilidad de separar Ficha Limpia del resto de la discusión sigue siendo una opción válida dentro de la Casa Rosada, tal como lo planteó de manera oportuna la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, pese a la resistencia de Karina Milei. Los negociadores no lo descartan.
Otro punto abierto a discusión es el relativo a las condiciones que deben mantener los partidos para preservar su estatus de fuerzas nacionales de una elección a otra. La Ley Orgánica de Partidos Políticos (23.298) fija en su artículo 50 la obligación de superar el 2% del padrón en dos elecciones nacionales sucesivas y mantener la personería vigente en, al menos, cinco provincias, entre otros requisitos.
La nueva norma modifica el texto, incrementa la presencia a diez distritos y sube al 3% el umbral de votos que debe retener en dos test electorales contiguos. Es una vara que genera roces con las fuerzas de menor tamaño pero alto alcance mediático, que podrían ver amenazada su continuidad.
