El fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Elías Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria que cumple en el marco de la causa en la que está imputado. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.
La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.
En esa presentación, los abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez se opusieron, además, al pedido de la querella para ampliar y reforzar las reglas de conducta y adoptar medidas complementarias de control.
Como principal planteo, la defensa sostuvo que Piccirillo cumple con todas las condiciones impuestas desde que se le concedió el arresto domiciliario y afirmó que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener la medida de coerción.
Los letrados argumentaron que, de acuerdo con los informes de la oficina de monitoreo electrónico y del Servicio Penitenciario Federal, el empresario respetó todas las condiciones del arresto domiciliario “sin irregularidad alguna”. También señalaron que es “el único de los imputados que permanece sometido a encierro”, mientras que el resto de los acusados, incluidos exintegrantes de fuerzas de seguridad, transitan el proceso en libertad.
“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, sostuvieron los abogados en el escrito. En la misma línea, afirmaron que no existe un riesgo concreto de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y que “el cumplimiento intachable del arresto domiciliario demuestra empíricamente que los fines de la coerción están asegurados por medios menos lesivos”.
La defensa también cuestionó los argumentos de la parte acusadora. “En suma: descontados los adjetivos, la presentación se queda sin un solo hecho. No hay una prueba, no hay un acto concreto, no hay una conducta determinada de mi asistido dirigida a obstaculizar el proceso. Hay conjeturas. Y con las conjeturas no se restringe a nadie”, expresó.
Además del pedido de libertad, los abogados solicitaron reducir el embargo de $900.000.000 a $200.000.000, tomando como sustitución un depósito judicial por ese monto y levantando las anotaciones sobre los inmuebles. También reclamaron la devolución de la caución real de $100.000.000 depositada en febrero de 2025 y el levantamiento de la inhibición general de bienes.
Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio porteño de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.
En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada.
La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.
Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Francisco Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.
