El único de los “ñoquis” de la Legislatura bonaerense que había aceptado recibir una condena a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado por su rol en el “caso Chocolate” volvió sobre sus pasos. Se negó a firmar el acuerdo porque la pena venía con una accesoria. También debía aceptar la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Y él no descarta volver a ser empleado público, confirmaron fuentes tribunalicias.
El protagonista del retroceso fue Antonio Rodríguez, empleado del Poder Legislativo provincial y pareja de una concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Berisso. Había sido el único de los 46 acusados que había aceptado la propuesta de la fiscal Viviana Arturi para, de ese modo, evitar una eventual condena mayor en el juicio oral, pero luego revió su decisión.
“El resto de los acusados casi lo mata”, detalló uno de los abogados defensores que participó en el Zoom cuando Rodríguez comunicó que aceptaba la oferta de la fiscal. “El problema es que la propuesta era que la inhabilitación se extendiera por el mismo tiempo que la condena, tres años, pero el Código Penal es tajante: la inhabilitación es perpetua, y ahí reculó”, detalló.
El traspié de Rodríguez dejó a la fiscal sin contrapartes. “Hoy no hay nadie que quiera firmar una salida alternativa en esos términos. Nadie”, resumió una fuente tribunalicia. El único ofrecimiento de Arturi es el juicio abreviado, y nadie lo acepta con la inhabilitación incluida.
La razón de esa negativa es sencilla: cualquier desenlace que no sea exculpatorio debería llevar a la Legislatura bonaerense a exonerar a los empleados, aunque no está claro si ocurrirá. Todos los sumarios administrativos contra los 48 empleados arribaron a una misma conclusión: “no hubo irregularidades”. Y si los acusados evitan la condena −con una “probation” o una “reparación integral del daño”−, podrían ser contratados o ser nombrados otra vez en cualquier otra repartición provincial o municipal como empleados públicos.
La posibilidad de una “probation” o una “reparación integral del daño” chocaron, a su vez, con la oposición de la fiscal Arturi y de los dos querellantes aceptados en el expediente penal: la Fiscalía de Estado provincial y Poder Ciudadano. La fiscalía fundamenta ese rechazo en la gravedad del hecho, el volumen del perjuicio económico y el carácter estructural de la maniobra investigada.
Arturi fundó también su rechazo a la reparación integral en un antecedente reciente: el “caso Cuadernos”. Recordó que el tribunal les denegó por unanimidad ese beneficio a los empresarios imputados, con el argumento de que admitirlo equivaldría a habilitar “una justicia para ricos y no para pobres”. “Es un hecho de corrupción que atraviesa todo un poder del Estado”, planteó la fiscal para descartar que los acusados puedan saldar con dinero su responsabilidad penal.
La fiscal sumó un segundo argumento en el Zoom que mantuvo con los acusados, esta vez sobre la inhabilitación. Sostuvo que cualquiera que preste servicios a un poder del Estado reviste la condición de funcionario público en sentido amplio. Por eso, a su criterio, a los “tarjeteros” también les cabe la inhabilitación y, a la vez, no les corresponde la opción de la “reparación integral”, pensada para particulares y no para funcionarios. Así, la inhabilitación no les impediría trabajar en una empresa privada, pero sí volver a ingresar a un poder del Estado.
Todos los acusados se mueven, de todos modos, con una certeza. Ninguno de ellos ingresará a prisión. ¿Por qué? Porque Claudio Albini, su hijo Facundo y Julio “Chocolate” Rigau cumplen hoy arresto domiciliario y mantendrían ese régimen aun en caso de ser condenados a una pena de cumplimiento efectivo. Y los empleados de la Legislatura bonaerense que entregaron sus tarjetas de débito a Rigau tampoco conocerán una celda por dentro.
El perjuicio neto causado a la provincia, en tanto, ascendió a $395,4 millones entre enero de 2022 y septiembre de 2023, según surge de un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, aunque el monto que debe actualizarse por inflación sería mucho mayor. El informe también detectó un patrón sistemático de extracciones: retiros de la totalidad de los haberes en cajeros automáticos repetidos, en franjas horarias atípicas −como la madrugada o después de las 19− y sin otros movimientos relevantes en las cuentas, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria organizada.
El perjuicio real sería superior porque, entre otros motivos, debe añadirse el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde tan atrás como 2012. Además, los investigadores advirtieron que deben computarse impactos indirectos para el Estado, como prestaciones de IOMA y aportes previsionales al IPS.
Ese cálculo de la Policía Federal es, además, una estimación global. Para fijar la responsabilidad de cada acusado, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata −integrado por Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi− ordenó un peritaje contable individual de los 43 empleados. Y ese peritaje quedó en manos de cuatro contadores de la Asesoría Pericial platense.
Ese peritaje lo pidieron las defensas. Lo impulsaron el abogado Alfredo Gascón −que representa a “Chocolate” Rigau− y el estudio de Maximiliano Rusconi, que asiste a los Albini. Su objetivo es que, antes de que el Tribunal resuelva la oposición de la fiscal a la “probation” y a la “reparación integral”, se determine cuánto perjudicó cada imputado al Estado y en qué medida se benefició.
Los peritos oficiales y de parte accedieron a la documentación el 6 de este mes y cuatro días después comenzaron el análisis empleado por empleado, según indicaron fuentes judiciales. La labor podría demorar entre tres y cuatro meses, aunque los defensores se ilusionan con que puedan presentar su informe definitivo antes de ese plazo.
“El tribunal fue muy claro: quiere celeridad”, indicó otro de los letrados consultados. “Quiere saber la cuantía del perjuicio que cada empleado habría causado para, con esa referencia, evaluar el planteo que presente cada acusado. Sea que pida una ‘probation’, ofrezca una ‘reparación integral del daño’, acepte un juicio abreviado o vaya a un juicio oral”.
Con esa hoja de ruta, el cronograma se proyecta hacia adelante. Si el peritaje insume tres o cuatro meses, hacia septiembre el tribunal recibiría los planteos de las defensas con el perjuicio individual ya cuantificado. Y si para entonces no hay ningún acuerdo, el juicio oral podría fijarse para marzo de 2027.
Durante las dos audiencias que mantuvo con todos los acusados o sus abogados, la fiscal Arturi adelantó cuál es su posición. Ofreció el juicio abreviado como única salida alternativa y adelantó que pedirá una pena de seis años y cuatro meses de prisión para el exsubdirector de Personal de la Legislatura Claudio Albini y de cuatro años y tres meses de prisión para su hijo Facundo Albini, exconcejal platense por el Frente Renovador de Sergio Massa. También sostuvo que pediría cinco años y seis meses de prisión para Rigau, en tanto que solicitaría penas de tres años de prisión en suspenso para los “ñoquis” que afrontarían la instancia oral.
Para la fiscal, los Albini y Rigau deben ser condenados por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado bonaerense, en tanto que los empleados sólo deben ser castigados por su participación en esa defraudación a las arcas públicas, aunque no por asociación ilícita, figura que sí les había enrostrado la fiscal instructora, Betina Lacki. Sostuvo que la maniobra delictiva no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura organizada y sostenida en el tiempo, facilitada por controles administrativos laxos dentro de la Legislatura./Hugo Alconada Mon
