La pulseada judicial por la continuidad de la asistencia social sumó un capítulo determinante. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo. Con este revés para las organizaciones sociales, la cartera que conduce Sandra Pettovello quedó formalmente habilitada para avanzar con el cierre definitivo del esquema y suspender el pago de la prestación.
La decisión de la Sala de la Cámara, integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto la resolución de primera instancia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El programa abarcaba a 900.000 personas en todo el territorio nacional.
La última liquidación del programa —cuyo monto se encontraba congelado en $ 78.000— se ejecutó el pasado viernes 3 de julio a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con esta decisión judicial, desde agosto el beneficio dejará de acreditarse de manera definitiva en las cuentas de los beneficiarios directos, marcando el fin del flujo de fondos de este programa que había sido diseñado como alternativa al Potenciar Trabajo.
La intención del Palacio de Hacienda y de la ministra Pettovello es reemplazar Volver al Trabajo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Esta iniciativa tiene como meta teórica promover la formación profesional y facilitar el salto hacia el empleo registrado en el sector privado. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha difundido los detalles sobre cómo funcionará el nuevo esquema.
El Programa de Acompañamiento Social (PAS), que también surgió de la división del Potenciar Trabajo y está orientado a sectores de extrema vulnerabilidad —como mayores de 50 años y madres de familias numerosas—, continuará vigente sin modificaciones en sus condiciones de acceso.
El Ministerio de Capital Humano prorrogó la vigencia de ese programa mediante la Resolución 90/2026. Sin embargo, la continuidad queda sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario.
La respuesta de los movimientos sociales no tardó en llegar. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) manifestaron su rechazo absoluto al fallo judicial, argumentando que la Cámara Federal de San Martín barrió con lo que consideraban un “derecho adquirido” para el sector de la economía popular.
“La Justicia actúa una vez más en connivencia con el Ministerio de Capital Humano, sin tener en consideración que el hambre no espera”, expresaron a través de sus canales oficiales y advirtieron que se profundizará el plan de lucha en las calles para exigir la restitución de lo que denominan el “salario social complementario”.
