Pasado el Mundial, la agenda pública volvió a concentrarse en la política. Y el principal dato de la semana no fue una nueva ley ni un anuncio económico, sino la recuperación de un método: el Gobierno volvió a negociar.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, marcó un cambio concreto. Su tarea consiste en reconstruir el diálogo con un grupo fluctuante de entre 12 y 14 gobernadores que, según el tema, pueden aportar los votos que La Libertad Avanza no tiene por sí sola en el Congreso.
No se trata de una innovación extraordinaria. Es política: escuchar reclamos provinciales, ofrecer respuestas y construir mayorías. Ese mecanismo ya le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral y con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo a 14 años la edad de imputabilidad.
Ahora, Santilli busca repetir la fórmula. Los acuerdos con las provincias incluyen recursos, asistencia financiera, obras y traspasos de infraestructura. A cambio, la Casa Rosada procura respaldo legislativo para los proyectos que considera prioritarios. La clave es que el jefe de Gabinete pueda cumplir aquello que promete: sin esa garantía, cualquier entendimiento será apenas transitorio.
El contraste con su antecesor es evidente. Adorni dejó el cargo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y de fuertes cuestionamientos a su capacidad de gestión. El Gobierno demoró demasiado en reemplazarlo y que esa parálisis afectó la relación con sus aliados. Con Santilli, al menos, volvió a funcionar el circuito básico de la negociación.
Una de las iniciativas que el oficialismo intenta destrabar es la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto no se limita a la compra de campos por parte de extranjeros: también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo de tierras afectadas por incendios.
El punto más controvertido es la modificación del régimen de tierras rurales. El dictamen impulsado por el oficialismo busca dejar en manos de cada provincia la posibilidad de establecer restricciones a la adquisición de inmuebles por extranjeros. También abre una discusión sensible sobre zonas fronterizas y territorios que contienen recursos naturales estratégicos. El tratamiento ya debió aplazarse por falta de votos y continúa sujeto a las conversaciones con los gobernadores. El Senado informó los principales cambios incluidos en el dictamen.
La iniciativa debe leerse en conjunto con la reciente reforma de la Ley de Glaciares. Ambas modificaciones buscan remover obstáculos señalados por grandes inversores, especialmente aquellos vinculados con proyectos de minería en provincias cordilleranas como San Juan y Catamarca.
Eso no invalida el debate sobre soberanía y recursos naturales, pero hay que separar los argumentos concretos de los prejuicios ideológicos. La presencia histórica de propietarios de origen extranjero en la Patagonia no derivó por sí misma en procesos de colonización o pérdida territorial. El verdadero interrogante es qué controles conservarán el Estado nacional y las provincias sobre zonas sensibles.
La agenda parlamentaria incluye además una nueva suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Este último proyecto todavía no fue enviado al Congreso, pero Javier Milei ya anticipó que pretende otorgarle mayor autonomía a la autoridad monetaria.
El otro episodio político de la semana tuvo como protagonista al vocero presidencial, Adrián Ravier. Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, el funcionario afirmó que el dólar podría alcanzar los $1.700 o $1.800 en los próximos meses, aunque sostuvo que una eventual corrección sería limitada y no representaría una crisis cambiaria. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión.
Con una cotización cercana a los $1.500, llegar a $1.800 supondría una devaluación del peso de alrededor del 20%. Eso no implica que los precios vayan a subir automáticamente en la misma proporción, pero sí puede alimentar expectativas inflacionarias.
El problema no fue solamente económico, sino comunicacional. Un vocero presidencial no está para difundir sus propias proyecciones: debe expresar con precisión la posición del Presidente y del equipo económico. Cuando quien habla en nombre del Gobierno instala un posible valor futuro del dólar, su opinión se transforma inevitablemente en una señal oficial.
La semana también encontró a Milei en Brasil, donde participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El respaldo profundiza su distanciamiento político de Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación estrictamente institucional.
El viaje es el primer tramo de una gira que continuará por Perú, Ecuador y Colombia. Milei asistirá a la asunción de Keiko Fujimori, se reunirá con Daniel Noboa y participará de la toma de posesión del colombiano Abelardo de la Espriella. El recorrido busca consolidar una alianza regional de gobiernos conservadores.
El Presidente intenta convertirse en una referencia latinoamericana del espacio alineado con Donald Trump. Sin embargo, advirtió que no debe exagerarse ese papel: Brasil tiene un peso internacional propio y Estados Unidos difícilmente delegaría en Milei su representación política en la región.
El balance de la semana deja una conclusión sencilla. El Gobierno recuperó capacidad de movimiento porque volvió a hacer política. Santilli recompuso el vínculo con los gobernadores y comenzó a acercar los votos necesarios para las próximas reformas. Pero el episodio protagonizado por Ravier recordó que una declaración improvisada puede desordenar en minutos aquello que la negociación intenta construir durante semanas.
