A través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la administración nacional acelera los acuerdos con gobernadores en pos de la reelección de Javier Milei en el 2027. En la Casa Rosada se muestran más flexibles para acuerdos por obras y adelantos financieros, siempre teniendo en cuenta que la base de comparación es muy baja. En ese contexto, desde el Ministerio de Economía insisten en que las provincias deben contener el gasto público porque no le financiarán déficit.
Santilli logró −gracias al mayor pragmatismo de la mesa política libertaria− lo que nunca tuvo su antecesor, Guillermo Francos: un poco más de “billetera”. De esa manera, sin montos importantes, va logrando sumar voluntades para proyectos libertarios en el Congreso.
Tres gobernadores aliados plantean que, para la reelección, no basta con consensos en el Congreso. Coinciden en que “la gente” debe empezar a percibir una mejora en sus condiciones de vida. El cambio de la geografía socio-económica de la mano de los nuevos motores de crecimiento, la minería y los hidrocarburos, no impacta en los grandes centros urbanos, donde está el mayor volumen de electores.
Toda la negociación entre Nación y provincias, que todavía no abordó aspectos claves de reformas necesarias como la tributaria, se da en un contexto de tensión en las cuentas subnacionales. El superávit primario consolidado de las provincias cayó al 0,2% del PBI durante el primer trimestre, uno de los registros más bajos de los últimos 13 años y muy por debajo del 0,4% alcanzado en igual período de 2025 y del máximo de 0,9% registrado en 2024.
El dato, de la consultora Empiria, muestra un escenario de menor margen financiero para los gobernadores que enfrentan también mayores reclamos de estatales y de los sectores sociales más vulnerables. En paralelo, los representantes empresarios reclaman baja de impuestos, un tema al que el ministro Luis Caputo vuelve periódicamente y apunta a Ingresos Brutos.
