Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la realización urgente de una auditoría preventiva sobre las condiciones administrativas y de seguridad de los edificios destinados a viviendas colectivas de San Miguel de Tucumán. La propuesta surge después de que la Municipalidad confirmara que el edificio de Monteagudo 120, donde se produjo la explosión que causó la muerte de una persona, nunca obtuvo el Certificado de Final de Obra. El inmueble ya había sido identificado e intimado por el municipio en 2018, pero continuó ocupado sin que lograra completar su regularización.
“No estamos afirmando que la falta del Final de Obra haya causado la explosión. Eso debe determinarlo la investigación. Lo que sí sabemos es que el municipio había detectado la irregularidad en 2018 y que, ocho años después, el edificio seguía ocupado sin haberla resuelto”, señalaron los concejales. El proyecto propone comenzar la auditoría por los edificios incluidos en el relevamiento municipal de 2018, los que actualmente no cuenten con Certificado de Final de Obra o Habitabilidad y aquellos que registren denuncias, incidentes o antecedentes que permitan presumir la existencia de riesgos.
La inspección deberá revisar la situación de los expedientes, los planos aprobados, las intimaciones y sanciones aplicadas, su grado de cumplimiento y las medidas adoptadas por el municipio cuando las irregularidades persistieron. También deberá controlar, según las características de cada edificio, las condiciones estructurales, las instalaciones generales de gas, electricidad y agua, los sistemas de prevención y extinción de incendios, los ascensores, las vías de evacuación y la iluminación de emergencia. El informe técnico realizado después de la explosión determinó que la estructura portante del edificio de Monteagudo 120 no resultó comprometida. Sin embargo, tres departamentos permanecen inhabitables y el regreso de los demás vecinos depende de la verificación y rehabilitación de las instalaciones generales.
“Que la estructura no haya sido afectada es una buena noticia, pero no agota el problema. La seguridad de un edificio también depende de sus instalaciones, de sus sistemas contra incendios, de sus vías de evacuación y de que lo construido coincida con lo autorizado”, explicó Canelada. Los concejales remarcaron que la auditoría deberá diferenciar las irregularidades exclusivamente documentales de aquellas que representen un peligro efectivo para las personas. “No proponemos salir a clausurar edificios por la falta de un papel ni generar temor entre los vecinos. Queremos saber cuáles son seguros, cuáles necesitan adecuaciones y en cuáles existe un riesgo que exige actuar inmediatamente”, sostuvo Cobos.
En 2018, la Municipalidad había informado la existencia de al menos 31 edificios ocupados sin Final de Obra ni Habitabilidad. Monteagudo 120 figuraba expresamente dentro de esa nómina. Para Canelada y Cobos, el caso obliga a revisar no sólo el estado actual de esos inmuebles, sino también la eficacia de los mecanismos municipales de control. “Detectar una irregularidad, intimar y aplicar una multa no puede ser el final del procedimiento si el incumplimiento continúa durante años. El municipio tiene que explicar qué seguimiento realizó y qué herramientas utiliza cuando los responsables no regularizan un edificio que ya está ocupado”, concluyeron.
