La causa que investiga la mansión de Pilar se reactivará este lunes tras la feria judicial. El expediente, que investiga la compra de una propiedad valuada en unos 20 millones de dólares (incluidos los autos del garaje) y cuya hipótesis apunta a que habría sido adquirida mediante presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ingresa en una nueva etapa.
Es que si bien el expediente ya está en manos de la jueza en lo Penal y Económico Verónica Straccia, su subrogancia en el juzgado 10 culminará a mediados de noviembre de este año.
Hasta acá, ninguno de los jueces que tuvo el caso llamó a indagatoria a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, dueños de Real Central SRL, empresa dueña de la mansión. Se trata de una jubilada y un monotributista, madre e hijo. Los denunciantes exigen que eso ocurra.
En los tribunales se habla muy bien de Straccia. Aseguran que es una jueza honesta y muy técnica, además de tener un bajo perfil. Hay interrogantes sobre cuál será la postura de la magistrada con el caso.
Es que mientras el caso parecía que comenzaba a ser investigado —al menos hasta noviembre— por Straccia, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso en queja de los acusados y volverá a revisar todo lo actuado en el caso para resolver qué juez debe investigar. Algunos dicen que Mariano Borinsky y Gustavo Hornos Barroetaveña le devolverán el caso al doctor Charvay, de Campana, que es cuestionado por los denunciados.
Si bien cerca de Borinsky y Barroetaveña aseguran que será solo una revisión del caso para escuchar a las partes, crecen los rumores sobre una decisión que sacará del caso a Straccia. Será cuestión de aguardar a la decisión final.
Mientras esa discusión continúa abierta, el expediente retomará su actividad habitual tras el receso invernal, es decir, Straccia debería seguir al frente del caso.
La investigación intenta determinar cómo Real Central SRL adquirió una propiedad valuada en alrededor de 20 millones de dólares. Durante distintos allanamientos realizados en el predio, la Justicia encontró una mansión construida sobre aproximadamente cinco hectáreas, junto con 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
Según la hipótesis que sostiene la investigación, Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con la compra del inmueble y habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino. Hasta el momento, ninguno de los dos fue citado a declaración indagatoria.
La adquisición de la propiedad también ocupa un lugar central dentro del expediente. De acuerdo con la investigación, la firma propietaria originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y tenía un capital social de 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024 la sociedad cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos. Apenas catorce días después concretó la compra del predio ubicado en Pilar.
Entre los elementos incorporados a la causa también figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano que, según la investigación, habría sido utilizada para afrontar gastos vinculados con la flota de vehículos encontrada en la propiedad.
El expediente atravesó una extensa disputa de competencia entre distintos tribunales.
La investigación comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se ordenaron las primeras medidas de prueba y los allanamientos. Posteriormente, pasó al entonces Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, que estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.
Más adelante, tras un planteo de inhibitoria presentado por Pantano durante la feria judicial de enero, la causa fue derivada al juzgado federal de Campana, conducido por González Charvay. Esa decisión fue anulada posteriormente y, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que el expediente debía quedar radicado en el juzgado que hoy conduce Straccia.
La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa resolución, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo al considerar que la definición sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuidad de la investigación.
Sin embargo, el nuevo recurso en queja aceptado por Borinsky y Barroetaveña reabrió esa discusión.
En ese contexto, la Cámara de Casación realizará una audiencia el 12 de agosto para revisar todo lo actuado y definir qué tribunal debe continuar con la investigación. Esa instancia podría confirmar el criterio vigente o modificar nuevamente el rumbo procesal del expediente.
