En un año en el que la recaudación estuvo en caída la mayor parte del tiempo, el impuesto a los combustibles lidera la suba de los ingresos, a pesar de su bajo peso sobre el total. Sin embargo, no se tradujo en mayores inversiones en infraestructura, en línea con la parálisis de la obra pública.
En los primeros siete meses del año, el impuesto a los combustibles acumuló un aumento del 20,5% y se convirtió en el de mayor crecimiento, seguido por bienes personales (8,3%) y Ganancias (5,1%). A pesar del salto en el tributo, dentro de los ingresos totales representa el 2,9% y lleva recaudados más de $ 3 billones.
El salto que registró el impuesto se vincula en parte a la parálisis de su actualización que se aplicó durante gestiones anteriores, y también a la suba del precio de los combustibles. La recomposición de este impuesto hizo que este pase a representar el 8,9% del precio final de la nafta super en noviembre del 2023 al 18,6% en julio de este año.
El tributo, sin embargo, nació con asignaciones específicas vinculadas al desarrollo de la infraestructura. La Ley 23.966 establece que lo producido por el impuesto debe ser distribuido entre el Tesoro nacional (10,40%), el Fondo Nacional de la vivienda (15,07%), programa que fue paralizado, las provincias (10,40%), el sistema de seguridad social (28,69%), el fideicomiso de infraestructura hídrica (4,31%) que según informó el Gobierno suma $ 34.922 millones en cuentas a la vista y $ 258.000 millones invertidos en Lecap, el fideicomiso de infraestructura de transporte (28,58%) y el fondo de compensación del transporte público (2,55%).
Sin embargo, desde el cambio de gestión se avanzó en una parálisis de la obra pública mientras se concretan las concesiones de la Red Federal de Concesiones, que busca pasar a manos privadas la gestión de las rutas argentinas. Mientras tanto, la infraestructura cobra cada vez más relevancia como “cuello de botella” para sectores clave, como la energía o la agroexportación.
Desde el Instituto Argentina Grande analizaron que la Dirección Nacional de Vialidad podría haber invertido $ 1,3 billones en los últimos tres años, obtenidos solo de la recaudación del impuesto a los combustibles, sin demandar transferencias adicionales del Tesoro para el mantenimiento de las rutas. La estimación se deriva de que por año la dirección percibe una asignación que ronda los $ 500.000 millones por la vigencia del tributo.
Según analizaron, solo con esos recursos “podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de red vial nacional. Se trata de un cuarto de la red”.
Además, advierten que la Dirección de Vialidad gastó incluso menos de lo que recibió por el impuesto. En concreto, plantean que usó el 33% de los ingresos recibidos en este concepto que, en caso de haberlo usado, hubiera implicado $ 62.000 millones adicionales a los invertidos en los últimos tres años.
Según presentó el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el último informe de gestión presentado ante el Congreso, “los recursos no ejecutados contribuyen al resultado global de las cuentas públicas, siendo un criterio contable presupuestario utilizado internacionalmente para reflejar el desempeño fiscal de un país”. Esto es, que los recursos no utilizados se usaron para sostener el superávit fiscal, en plena presión por la merma de los ingresos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio cuenta de que en el primer semestre la inversión rea directa tuvo una caída interanual del 42,4%, principalmente explicada por la menos asignación para obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad, que vio una caída en sus recursos del 49,8% en comparación con el mismo período del año anterior, y de la baja en el gasto en obras de conectividad e infraestructura escolar.
El deterioro de la infraestructura motivó a los gobernadores a solicitar el traspaso de las obras viales para poder hacerse cargo del financiamiento. Algunos de ellos incluso recurrieron a financiamiento en el exterior para poder hacerse de los fondos para las obras. El traspaso más significativo en el último tiempo fue el de la administración por 20 años de la A012, una ruta que el Gobierno nacional había comprometido en transferir a Santa Fe. Para la puesta a punto de la ruta de acceso a los puertos, la provincia estima una inversión de $ 4.300 millones.
