Actuaron coordinados. Casi como un equipo. Funcionarios encargados de control estatal, técnicos responsables de supervisar la calidad de los productos y directivos del laboratorio HLB Pharma integraron una trama mortal alrededor del fentanilo contaminado. El episodio delictivo de comercializar medicina mal elaborada -que terminó con al menos 90 muertos y 44 personas afectadas en hospitales y centros de salud de todo el país- intentó quedar oculto por incineración de pruebas, robos simulados y la eliminación de conversaciones entre los principales actores de esta serie de terror.
La “operación limpieza” para cubrir con una lona de oscuridad todos los procesos irregulares se extendió en los 10 días posteriores al estallido del escándalo: fue cuando los responsables se enteraron de que el Hospital Italiano de La Plata había constatado que las ampollas del anestésico elaborado por HLB era el causante de las muertes en la terapia intensiva de ese instituto médico.
La Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) concluyeron que en esa etapa -y puntualmente en una “semana crítica” posterior a esa denuncia, se activaron todos los protocolos de ocultamiento. Con la anuencia o la desidia de funcionarias claves en el control del Estado: Nélida Agustina Bisio (ex administradora de ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumadó (ex directora de INAME, Instituto Nacional de Medicamentos), quienes la semana pasada fueron detenidas en la causa federal que investiga la tragedia sanitaria.
Aunque el reporte del Hospital Italiano sobre el brote bacteriano ingresó el 2 de mayo de 2025 al ente de control y las autoridades tuvieron conocimiento pleno de la gravedad el 5 de mayo, no ordenaron las inspecciones ni radicaron la denuncia penal hasta el 12 de mayo.
Esa brecha de impunidad que habrían habilitado las ex funcionarias está detallado en el extenso dictamen de más de 190 páginas de la fiscal María Laura Roteta y el responsable de la PIA, Sergio Rodríguez, contiene los fundamentos de la imputación para las dos agentes de la administración pública que dependían del Ministerio de Salud de Nación.
Ariel García Furfaro
Está probado que personal del INAME alertó a los laboratorios sobre las inspecciones inminentes y permitió que el equipo de HLB organizara operativos nocturnos para «maquillar» la planta y descartar desechos tóxicos antes de que llegaran los inspectores.
Además, se detectó una comunicación del 12 de mayo de 2025 donde Bisio daba la orden de «no hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado». Para la fiscalía, esta instrucción buscó «poner las cosas en orden» internamente en los organismos de control antes de dar intervención a la Justicia, para facilitar la alteración de la escena en los laboratorios.
Bisio y Mantecón Fumadó estuvieron presas 48 horas después que el juez Federal Ernesto Kreplak aceptó el requerimiento de la fiscalía y ordenó allanamientos en domicilios de las imputadas. Se las acusa por infracción al artículo 201 y 201 bis del Código Penal, que prevé condenas de hasta 25 años de prisión por producir y comercializar productos medicinales en mal estado.
Este proceso mantiene procesado y detenido desde hace casi un año a Ariel García Furfaro, dueño de HLB y de laboratorio Ramallo (que producía en exclusividad para la otra empresa). También está preso su hermano Diego y están bajo proceso otras 12 personas vinculadas a las compañías.
Las ex funcionarias pagaron $ 75 millones de pesos cada una en concepto de caución para acceder a la libertad. Pusieron bienes y dinero como garantía además del compromiso de cumplir estrictas normas procesales y la prohibición para dejar el país.
La instrucción fiscal revela el mecanismo de estas maniobras de ocultamiento. Todo ocurrió entre el 2 y el 12 de mayo (día en que se presenta la denuncia penal en los tribunales de La Plata).
En esos días -reporta la investigación- hubo un intento de «lavado» de la evidencia. Fue entre el 7 y el 9 de mayo, luego que los directivos de HLB confirmaron que el lote 31.202 de fentanilo estaba contaminado. En el laboratorio intentaron re-esterilizar 100 ampollas en un “autoclave” a 107 grados para «limpiar» las bacterias.
El “autoclave” se denomina al proceso de inclusión de los fármacos en un recipiente metálico de cierre hermético que esteriliza instrumentos y materiales mediante vapor de agua a alta presión y temperatura. A más de 100 °C, destruye de forma segura y total microorganismos (virus, bacterias, hongos y esporas altamente resistentes).
Según pudieron comprobar los investigadores, el 13 de mayo de 2025, el mismo día que se impulsaba la acción penal, la firma HLB Pharma destruyó 4.850,08 gramos de citrato de fentanilo. Esta sustancia había vencido en enero de 2025, coincidiendo con la fabricación de los lotes mortales; al incinerarla, evitaron que la justicia peritara su pureza original.
En los celulares incautados encontraron chats del 14 de mayo que revelan la destrucción de archivos físicos. El jefe de Mantenimiento, Gerardo Sclafani, escribió a su pareja: «Sí amor estoy quemando papeles con Diego (NdR: García, hermano de Ariel el dueño del grupo)». Simultáneamente, el gerente de Producción le confirmaba a la gerenta de Calidad: «Hoy quemamos todo… Seguro en ese galpón no hay ni mosquitos ni palomas».
Las evidencias reunidas en el expediente que dirige Kreplak detectaron un “borrado masivo de chats y servidores”. Fue una eliminación sistemática y alcanzó incluso a la autoridad sanitaria. Javier Tchukran (director general de HLB) fue captado por las cámaras de seguridad de su propia casa el 18 de mayo confesando a los hermanos García: «Hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios… todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información«.
Mantecón Fumadó, entonces directora del INAME, eliminó todos los chats de WhatsApp de su teléfono el 14 de julio de 2025. Intentó recuperarlos con un especialista informático sin éxito. Adriana Iúdica (subjefa de control de calidad del laboratorio) admitió en chats del 26 de mayo estar «re cagada» ante el secuestro de su celular, confirmando que ella también había borrado conversaciones.
El 11 de mayo de 2025, justo antes de la inspección oficial, el laboratorio HLB denunció un hecho de vandalismo en su planta de San Isidro, en un episodio que Clarín informó entonces de manera exclusiva. En realidad fue una escena montada: la policía halló un desorden generalizado de papeles y grafitis rojos con frases como «110 FAMILIAS SIN COMIDA». Sin embargo, cuando la Policía Científica llegó para peritar, no había nadie para abrirles la puerta, a pesar de que el denunciante (el guardia de seguridad) vivía en el mismo predio.
Personal de limpieza declaró como testigo que no hubo robo real, sino que «toda la documentación (hojas) que estaban en las oficinas se juntó y se tiró» para justificar la desaparición de los libros de batch records, que son los reportes obligatorios que exige la fabricación de medicamentos.
Hubo, además un intento de «auto denuncia» que resultó fallida. Los hermanos García intentaron hacer que el director técnico, Antonio Maiorano, se autoincriminara. Era un escrito preparado por la empresa en la que el empleado asumía toda la responsabilidad, pero él se negó. Un borrador de este documento sin firma fue enviado a la fiscalía desde un correo anónimo el mismo día que se requería la instrucción de la causa.
Estos elementos configuran lo que la fiscalía denomina un «manto de cobertura estatal», donde la inacción deliberada de las funcionarias Mantecón y Bisio otorgó a los laboratorios el tiempo necesario para ejecutar esta «operación limpieza».
