El legislador radical Agustín Romano Norri, mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone la reconversión urbana, productiva, tecnológica y social del predio que actualmente ocupa la cárcel de Villa Urquiza, en República Líbano al 2.000.
El objetivo de la iniciativa es crear un distrito tecnológico, la modernización de la infraestructura penitenciaria provincial y un esquema para los recursos que se obtengan a partir de las operaciones sobre el inmueble, que por sus dimensiones y su ubicación es muy rentable.
El Complejo Penitenciario de Villa Urquiza en San Miguel de Tucumán (ubicado en calle Méjico 1200) fue inaugurado el 13 de septiembre de 1927 como una cárcel modelo. Reemplazó a la antigua penitenciaría que funcionaba frente a la Plaza Urquiza, la cual sufría graves problemas de hacinamiento.
El legislador propone que el predio de más de 12 hectáreas sea destinado a actividades vinculadas con la economía del conocimiento, el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la robótica, la biotecnología, las industrias creativas, la investigación aplicada y la formación en habilidades digitales.
Romano Norri busca crear el “Distrito de Innovación Tecnológica Villa Urquiza”.
En ese predio se podrían radicar tanto empresas, como universidades, centros de investigación, incubadoras, emprendimientos y otros actores vinculados con la innovación que tienen un gran potencial y futuro.
Para llevar a cabo esa transformación es necesario planificar el traslado de todos los presos a otros centros de detención. La relocalización es posible en la cárcel de Benjamín Paz y en otros centros que se puedan crear para tal fin, alejados de ciudades importantes.
El legislador radical plantea también, obtener recursos económicos mediante eventuales ventas, concesiones, fideicomisos, permisos de explotación, permutas o esquemas de participación público-privada. Con los mismos propone conformar un Fondo Especial de Reconversión Urbana, Innovación Tecnológica e Infraestructura Penitenciaria.
En el proyecto el Romano Norri expresa “El proyecto no propone una simple enajenación de un inmueble estatal; propone que donde hoy hay muros, mañana haya aulas, laboratorios, emprendimientos, espacios verdes, centros de formación y oportunidades”.
Para que no se transforme en una transacción que de lugar a desvíos de fondos propone una tasación oficial con el control de Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Para reforzar el cometido la propuesta contempla informes semestrales que el Poder Ejecutivo deberá darle a la Legislatura sobre el avance de las obras, los recursos utilizados, las utilidades y demás detalles que hacen a la obra en cuestión.
