La deuda de los hogares dejó de ser un problema de estadística bancaria y se convirtió en materia legislativa. Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, diputados y senadores presentaron 59 iniciativas para contener el sobreendeudamiento familiar: 51 en la Cámara baja y 8 en el Senado, según el relevamiento de parlamentario.com.
Es una respuesta cruzada, dispersa y sin coordinación entre bloques, pero que dibuja un mapa bastante nítido de por dónde imagina la política una salida.
El disparador es el deterioro de la capacidad de pago. La morosidad del crédito al sector privado trepó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% doce meses después.
En el segmento de las familias el salto fue más brusco: del 2,5% al 9,3% en el mismo período. Durante 2026 la curva no se detuvo y el atraso de los hogares ya perforó el 12%, el registro más alto en décadas.
A eso se suma el peso del crédito digital. Las billeteras virtuales y las plataformas fintech ampliaron el acceso al financiamiento hacia sectores que antes quedaban fuera del sistema bancario, con un impacto concentrado en los tramos más jóvenes.
El grueso de las iniciativas se puede ordenar en cinco grupos.
Regímenes integrales de prevención. Es el conjunto más numeroso en Diputados. Propone alertas tempranas, reestructuración de pasivos, obligaciones de crédito responsable y protección reforzada para consumidores vulnerables. Firman, entre otros, Pablo Juliano, Marcela Pagano, Cristian Andino, Pamela Calletti y Oscar Agost Carreño.
Programas de desendeudamiento. Planes nacionales de alivio, plataformas de «segunda oportunidad» y regímenes de reestructuración para hogares. Acá el sello es casi enteramente de Unión por la Patria: Roxana Monzón, Lucía Cámpora, Vanesa Siley, Santiago Roberto y Natalia Zaracho.
Declaraciones de emergencia. Emergencia crediticia, financiera, social y económica, o específica por deudas de servicios públicos. Los plazos van de 180 días a dos años prorrogables. Figuran Juan Carlos Molina, Nicolás del Caño, Yolanda Vega, Diego Giuliano, Caren Tepp y Gustavo Bordet.
Tarjetas de crédito. Topes a intereses y cargos, límites de gasto autocontrolados de oferta obligatoria y regímenes de regularización para deudores con atrasos. Kelly Olmos, Mónica Frade, Andrea Freites y Cecilia Moreau, entre otros.
Segmentos específicos. MiPyMEs, jóvenes, adultos mayores, titulares de prestaciones de la seguridad social y reformas a la Ley de Concursos y Quiebras para que una persona física pueda salir de la insolvencia.
Dos proyectos corren el eje de la protección al consumidor hacia la persecución penal. Molina propone incorporar el artículo 175 ter al Código Penal para amparar a víctimas de explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial. Esteban Paulón, por su parte, presentó un régimen contra las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial, también con modificaciones al Código Penal.
Paulón sumó además la iniciativa de mayor alcance institucional del paquete: sujetar la actividad financiera no bancaria a la regulación y supervisión del BCRA. Es la discusión de fondo que las emergencias esquivan, porque apunta a quién controla a las fintech.
La Cámara alta acumula ocho expedientes, con un perfil más acotado. Ana Marks presentó un procedimiento administrativo y judicial para consumidores sobreendeudados y una reforma para exigir advertencia previa en operaciones de crédito al consumo. Jorge Capitanich impulsa un régimen de desendeudamiento familiar (Ley RED).
Marcelo Lewandowski apunta dos veces a las tarjetas: reducción de tasas y régimen de regularización para morosos. Natalia Gadano pide declarar la emergencia por 180 días y los senadores de Convicción Federal reclaman informes sobre la evolución del endeudamiento por vía digital.
El primero de la serie fue Daniel Bensusan, el 11 de marzo de 2025, con una reproducción de un proyecto que ya había presentado en 2023, cuando el crédito empezaba a funcionar como tapón de la caída del ingreso.
Seis días antes, en Diputados, Varinia Lis Marín había abierto el fuego con una modificación al artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la inembargabilidad de la cuenta sueldo.
