La Cámara Federal porteña confirmó este viernes 4 el archivo de la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros exfuncionarios por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgado durante el gobierno de Cambiemos. El tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía para reabrir la investigación y sostuvo que, tras más de cinco años de pesquisa, no se acreditaron delitos.
La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron el fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que en febrero había dispuesto el archivo del expediente. La investigación se había iniciado en 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación vinculada con el acuerdo firmado con el organismo internacional.
El préstamo había sido acordado inicialmente por US$ 50.000 millones en 2018 y posteriormente ampliado hasta alcanzar los US$ 57.100 millones. La causa buscaba determinar si habían existido delitos durante la negociación, firma y ejecución del acuerdo.
La denuncia cuestionaba distintos aspectos formales del acuerdo, entre ellos la ausencia de un decreto presidencial para formalizarlo, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la omisión de un dictamen del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre su impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de los expedientes administrativos.
Entre los investigados se encontraban Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Luis Caputo, quien entonces era secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA, y Federico Sturzenegger, por entonces titular del Banco Central y actual ministro de Desregulación. También figuraba el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, entre otros funcionarios y exfuncionarios.
La Fiscalía había cuestionado el archivo y había solicitado que la investigación continuara. Consideraba que la decisión de Capuchetti había sido «prematura» y «arbitraria», y sostenía que se habían omitido pruebas que podían resultar incriminatorias. También había planteado que todavía quedaban medidas pendientes vinculadas con la trazabilidad de los desembolsos y los vínculos entre funcionarios y operadores beneficiados por la salida de divisas.
Sin embargo, los camaristas consideraron que la investigación había reunido durante más de cinco años informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Banco Central, además de documentación del acuerdo, expedientes administrativos y testimonios. Para el tribunal, la Fiscalía no logró construir una hipótesis delictiva con suficiente sustento a partir de la prueba incorporada al expediente.
Uno de los puntos analizados fue un informe de la SIGEN, que había estimado un perjuicio patrimonial para el Estado de US$ 29.618 millones. La Cámara sostuvo que ese deterioro, por sí solo, no permitía demostrar que hubiera existido una disposición deliberadamente ruinosa de los fondos ni una sustracción en beneficio propio o de terceros.
Los jueces también remarcaron que el acuerdo fue gestionado «en un contexto de urgencia financiera reconocida» y señalaron que no podía inferirse que el accionar de los imputados hubiera estado guiado por el propósito de violar la ley. En ese sentido, destacaron que el Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas adoptadas por un gobierno, salvo que se acredite la comisión de un delito.
La denuncia había cuestionado, entre otros aspectos, la falta de un decreto presidencial para formalizar el acuerdo, la ausencia de intervención del jefe de Gabinete, la participación del entonces Ministerio de Hacienda y la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. La Cámara analizó esos planteos y concluyó que no alcanzaban para configurar los delitos denunciados.
La resolución se conoció apenas un día después de la conformación definitiva de la Sala I de la Cámara Federal, tras la jura de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Con el rechazo al planteo fiscal, quedó ratificado el cierre de una investigación que durante años había tenido impacto político por involucrar a funcionarios de la actual administración.
