Legisladores tucumanos formalizaron la presentación de un proyecto de ley para crear la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica.
La iniciativa fue redactada y firmada por el legislador Manuel Courel, y cuenta con las adhesiones de Ricardo Bussi (presidente del bloque Fuerza Republicana), José Nicolás Seleme y Agustín Romano Norri.
Existió en la provincia hasta 2005 año en que la Corte Suprema de Justicia molesta por el protagonismo decidió disolverla. Fue un pedido del poder político al que la Justicia siempre está dispuesta a escuchar y complacer.
Esta nueva área del Ministerio Público Fiscal tendrá carácter permanente y competencia en todo el territorio provincial.
La Fiscalía Anticorrupción deberá intervenir obligatoriamente en investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión tributaria agravada y delitos conexos que presenten vinculación funcional con hechos de corrupción.
Para poder blindar al organismo de posibles presiones políticas el proyecto establece que constituirá un programa separado dentro del Ministerio Público, otorgándole independencia funcional y autonomía presupuestaria al titular de la oficina.
El Fiscal Anticorrupción tendrá una jerarquía y remuneración equivalentes a las de un Fiscal de Cámara. Su designación requerirá un proceso riguroso:
- Deberá ser seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
- Será designado por el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo de la Legislatura.
- Requisito clave: no podrá haber ocupado cargos en el Poder Ejecutivo provincial ni funciones partidarias previas.
- Actuará sin sujeción a instrucciones de otros fiscales ni del Ministro Fiscal respecto al inicio o conclusión de una pesquisa.
Lo novedoso del proyecto es que incorpora un segundo título que promete transformar la participación ciudadana en los procesos penales: la creación de un régimen de querella colectiva para este tipo de causas.
Esta herramienta permitirá que asociaciones y fundaciones sin fines de lucro (cuyo objeto sea la transparencia), legisladores provinciales y concejales municipales puedan constituirse como querellantes particulares sin la necesidad de acreditar un daño individual ni requerir autorización previa de sus respectivos recintos. Para que no ocurra lo sucedido con la denuncia contra la intendenta Raquel Graneros donde a los denunciantes no se les otorgó el lugar de la querella.
