El Gobierno consiguió ordenar la agenda del Senado antes de que el Presupuesto 2027 se lleve toda la atención del Congreso. La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, y los bloques dialoguistas sellaron este martes un entendimiento para sesionar el jueves con dos objetivos concretos (la reforma del régimen de biocombustibles y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires) y para dejar encaminados en comisión los dos proyectos económicos de mayor peso.
El acuerdo se cerró en una reunión que encabezó Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, con los jefes de las bancadas aliadas: Eduardo Vischi por la UCR, Martín Goerling Lara por el PRO, Beatriz Ávila por Independencia, Flavia Royón por Primero Los Salteños, Sonia Rojas Decut por el Movimiento por Misiones, Edith Terenzi por Despierta Chubut y Carlos Espínola por Provincias Unidas. El temario definitivo se formalizará este jueves a las 14 en Labor Parlamentaria, aunque con el entendimiento cerrado la propuesta oficialista se impone sin mayor discusión.
En paralelo, el mismo acuerdo prevé que este miércoles se firmen los dictámenes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, con la mira puesta en llevarlos al recinto el 17 de septiembre.
La primera apunta a consolidar el equilibrio fiscal y a fijar la preservación del valor de la moneda como eje del organismo; la segunda busca traer al circuito formal los dólares que hoy están fuera del sistema.
El apuro tiene una explicación de calendario. El proyecto de Presupuesto 2027 ingresa el martes próximo por Diputados, y el oficialismo quiere tener resueltas sus iniciativas económicas antes de que la discusión presupuestaria monopolice el trabajo parlamentario.
La reforma del régimen es el tema más conflictivo de la sesión. El dictamen de mayoría eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%, fija topes a los cupos que puede acumular cada empresa para impedir posiciones dominantes y extiende hasta 2036 el plazo de reconversión para las pymes del sector.
Ahí aparece la resistencia. Senadores de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba objetan que el texto no recoja el reclamo de las pequeñas y medianas empresas del biodiésel, que pretenden conservar su cuota del 7,5% del mercado.
El proyecto, en cambio, plantea que esa participación se reduzca de manera gradual hasta desaparecer en 2036. Aunque el Ejecutivo se resiste a incorporar retoques, en el Senado no descartan aceptar alguna modificación si eso asegura los votos.
El otro proyecto de la sesión es el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional al fuero porteño. Si el Congreso lo aprueba y la Legislatura de la Ciudad lo convalida, los tribunales locales pasarán a intervenir en causas por delitos contra la integridad sexual, calumnias e injurias y los cometidos por adolescentes de entre catorce y dieciocho años, con excepción de las materias que sean de competencia federal.
La base son los convenios que firmaron el 3 de julio los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, que establecen una transferencia progresiva. Más allá del contenido técnico, la iniciativa funciona como una señal política del Gobierno nacional hacia Jorge Macri.
El temario incluye además los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania, propuestos para integrar la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
