El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó este miércoles a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país para asistir mañana a una reunión de clubes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.
El permiso contempla un viaje de ida y vuelta entre este miércoles y el viernes próximo, y quedó sujeto a una caución de 30 millones de pesos depositada en una cuenta bancaria.
Tapia está procesado y tiene prohibida la salida del país en la causa por la presunta retención indebida de aportes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por esa restricción debe pedir autorización judicial ante cada viaje al exterior, como ocurrió durante el último Mundial.
En esta ocasión, la defensa presentó el escrito en el Juzgado Penal Económico N° 10 el mismo día de la partida, con premura, porque el dirigente no tenía previsto asistir.
Según el planteo, Tapia había recibido una invitación el 18 de septiembre, pero no pensaba viajar, pero decidió hacerlo ante la insistencia de autoridades de CONMEBOL.
En el mes de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en la causa que investiga la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.
La causa se originó a partir del procesamiento dictado a fines de marzo por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante contra Tapia, Toviggino, el exsecretario general Víctor Blanco, el actual secretario general Cristian Malaspina y el gerente general Gustavo Lorenzo. También alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino.
La acusación sostiene que la entidad retuvo aportes y contribuciones previsionales por más de $19.000 millones y no los depositó dentro de los plazos previstos por la ley.
El expediente detalla presuntas omisiones de depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Ganancias y de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2024 y 2025.
Amarante consideró acreditada, en esta etapa del proceso, la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 hechos.
Según el magistrado, los imputados “pusieron en práctica un evidente plan” que consistía en demorar el pago de las obligaciones fiscales para obtener beneficios financieros. En ese marco, dispuso un embargo de $350 millones sobre los bienes de Tapia y Toviggino y la prohibición de salida del país.
