La firma Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), con un trayectoria de casi 40 años en la provincia de Tucumán, atraviesa un conflicto laboral que escaló en las últimas semanas. Despidos masivos acusando a los empleados despedidos de deshonestidad y mala conducta.
Desde que Gustavo Olarte compró la empresa hace dos años produjo una veintena de despidos de empleados con varias décadas trabajando en la firma. Todas las desvinculaciones se realizan con causas que califican de falsas, lo que impediría el pago de indemnizaciones y la continuidad de la cobertura médica.
En todos los telegramas de despido la causa es la deshonestidad, inconductas y la falta de productividad. Tan falso todo que ya perdió los primeros juicios, por ser despidos arbitrarios. Olarte debe varios millones de pesos en indemnización. Apela los juicios perdidos en primera instancia para ganar tiempo y no pagar las indemnizaciones hasta lograr simular una insolvencia para no pagar nada, o en todo caso muy poco.
Muchos comenzaron a pensar que detrás de esta estrategia podría estar el mismísimo Ricardo Domínguez, ex dueño, quien le entregó la empresa para que logre desguazarla sin tener que poner la cara y el nombre. O sea, Gustavo Olarte sería el ejecutor de una obra pergeñada, quien cobraría varios millones de dólares por hacer el trabajo sucio. Algunos creen que Olarte no se negaría a una cosa así, teniendo en cuenta sus antecedentes.
Gabriela Sitzke, era una empleada con 36 años en el área de ventas y atención al público, en su caso relató: “El lunes me presenté a trabajar como todos los días y, aproximadamente a las 10 de la mañana, me dijeron que me tenía que retirar porque ya estaba despedida. Mi mamá me informó que me había llegado una carta documento al domicilio desvinculándome de la empresa con causa”.
Frente a las causales esgrimidas por la empresa —robo, mala atención o llegadas tarde, entre otras— la trabajadora fue categórica: “A mis compañeros que también decidieron que este mes somos cinco, todos fueron con causas inventadas que son causas imposibles de comprobar. Nos mandan a la calle sin un peso con causas que son incomprobables, infundadas, que son mentiras”.
A todos los despedidos por deshonestidad, mala conducta o improductividad nunca se los notificó de algo que pueda darle crédito a lo expresado en los telegramas recibidos. La totalidad tiene conducta impecable y se entregaron durante décadas a trabajar con pasión por lo que hacían.
La desvinculación afecta con particular severidad a trabajadores de mayor edad. Con 57 años, Sitzke describió el desamparo tras perder su puesto en la entidad que consideraba su “otra familia”: “Quedo en la calle después de haber trabajado toda la vida sin un peso, con una mano adelante y otra atrás, sin obra social. En mi caso, tengo a mis padres ancianos con discapacidad a mi cargo”.
Desde la Secretaría de Trabajo aceptaron que prácticas similares son empleadas por algunas empresas para dilatar plazos y entorpecer el cobro de indemnizaciones. Olarte no es una novedad en Tucumán. Es uno más de los sinvergüenzas que humillan y degradan a trabajadores quitándoles el derecho a recibir una indemnización, que por ley les corresponde.
“Tenemos mucho miedo de que se declare en convocatoria y que eso haga difícil que podamos cobrar algo”, señalaron los trabajadores y agregaron “Desde que el señor Olarte compró la empresa comenzaron los despidos. Yo creo que es un vaciamiento de la empresa”.
CCC era una empresa líder en el rubro. Con reconocimiento a nivel nacional. Su informativo CCCNOTICIAS fue ternado por la Asociación de Televisión por Cable del interior del país (ATVC) en una docena de veces y en seis oportunidades ganó el primer premio como mejor informativo del interior, compitiendo con cables de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Era una empresa que demostraba excelencia y representaba un orgullo para la provincia por sus resultados como gestión privada.
Hasta el momento, la empresa acumuló un poco más de 20 despidos sobre una plantilla que originalmente rondaba los 90 trabajadores, afectando áreas clave como atención al público, sector técnico, cabecera y contaduría.
En una respuesta tardía y cobarde, el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) organizó una jornada de protesta con concentración en la Secretaría de Trabajo y marcha hacia la sede de la empresa en General Paz 39. Los despidos no son nuevos, comenzaron en la misma semana que se hizo cargo Gustavo Olarte de la empresa y el sindicato lo sabía, estaba informado sobre lo que venía ocurriendo. Pero demostró una vez más la complicidad con algunos empresarios despreciables del rubro.
