Hay cifras que pueden leerse en una planilla de Excel. 425 millones de pesos. 62.613 dólares. Sobreprecios de 1.972%. Pero hay hechos concretos que escandalizan, indignan: un paciente de Río Negro esperaba una prótesis para evitar la amputación de su pierna y, mientras en los papeles de la ahora ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por entonces a cargo del abogado Diego Spagnuolo, se daba por cumplida la prestación, la prótesis nunca llegó al quirófano y terminó en la pérdida irreversible de la extremidad del paciente. El relato puede parecer chocante para el lector, pero es la cruda realidad.
Tanto los porcentajes y millones que encabezan esta crónica, como la historia clínica de la víctima, forman parte del crudo “informe técnico” girado a la Justicia por la cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones y por el el ex secretario nacional de Discapacidad Alejandro Vilches queexpresan las diferencias detectadas entre los valores que había pagado la entonces Agencia Nacional de Discapacidad y los precios abonados por otros organismos públicos o las referencias de mercado. También la crueldad hacia los pacientes que debían ser asistidos.
Los valores son cifras enormes. Pero hay un caso médico que obliga a salir de la planilla, abandonar por un momento los porcentajes y mirar lo que había detrás de esos expedientes.
En los registros oficiales, la prótesis figuraba como entregada. El problema es que nunca llegó al beneficiario.
El documento al que accedió Infobae está identificado como Ticket 150185850 y expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND, en uno de los informes técnicos elaborados sobre las compras realizadas durante la gestión del abogado de Javier Milei al frente de la ANDIS y enviados a la Justicia. El documento oficial describe el episodio como una “situación de gravedad”.
Existía un remito que, administrativamente, se suponía que acreditaba la entrega de la prótesis. Estaba refrendado por la madre del beneficiario. Sin embargo, cuando los auditores dejaron de mirar solamente los papeles y contactaron directamente a la familia, encontraron otra realidad: la prótesis no fue recibida.
Según el informe, la firma de la madre habría sido obtenida “bajo inducción a error al momento de la toma de medidas” y no representaba la recepción material del elemento. La empresa proveedora habría atribuido la falta de entrega del insumo a deudas no saldadas por la firma contratista. Mientras tanto, el expediente oficial avanzó como una prestación concretada, la persona afectada siguió esperando la prótesis mientras su cuadro clínico se deterioraba hasta que la amputación se volvió inevitable.
Lo que para el circuito administrativo aparecía como una prestación cumplida, para la familia nunca había ocurrido.
Para la víctima ni las disculpas ni las supuestas acciones sobre los presuntos responsables son una compensación.
El caso de la prótesis aparece en una serie de informes que describen presuntas irregularidades en adquisiciones de insumos médicos y ortopédicos de la ex ANDIS. Uno de los ejemplos más significativos es el de una compra realizada a Farma Salud: la agencia habría pagado $ 425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que apenas unos meses antes el PAMI había adjudicado un sistema similar por $ 124,2 millones.
Los peritos también detectaron presuntos errores de categorización técnica y adquisiciones de productos importados con diferencias de entre 300% y 1.000% frente a alternativas nacionales que los técnicos señalaron como adecuadas.
Los documentos enviados por el Ministerio de Salud también señalaron diferencias de precios de hasta 1.972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos.
El problema no aparece solamente en los precios abonados por el Estado. También en lo que el Estado compra, lo que paga, lo que registra y lo que finalmente recibe el ciudadano. Y es justamente allí donde el caso de Río Negro adquiere una dimensión diferente.
La auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad encabezada por Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.
El abogado de Milei recibió en varias oportunidades a Infobae en su despacho ubicado en la calle Dragones al 2200, en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, lugar dónde funcionó la emblemática Ciudad Estudiantil de la Fundación Eva Perón.
En cada una de las entrevistas o conversaciones que este cronista mantuvo con Spagnuolo, el funcionario nunca manifestó empatía con los sectores más vulnerables que debía defender desde su cargo público. “Detrás de cada discapacitado hay una PyME que quiere sacarle plata al Estado”, expresaba desde su sillón de cuero marrón.
El relevamiento incluyó pagos a droguerías, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos y declaraciones juradas, y advirtió sobre el uso de la figura de “legítimo abono” para pagar bienes o servicios ya entregados sin haber atravesado los procedimientos ordinarios de contratación.
El propio informe advirtió sobre posibles imprecisiones en esa información: desde la DNASS señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
Esa misma dirección se encuentra bajo análisis del fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%.
