Brasil irá a las urnas este domingo 4 de octubre. Las miradas están puestas en los principales candidatos: el oficialista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, que llegan a la elección con diagnósticos parecidos sobre los principales problemas del país —la economía, la inseguridad, la salud— pero con respuestas opuestas sobre una pregunta de fondo: cuánto debe intervenir el Estado.
El país llega a los comicios con una deuda pública bruta equivalente al 82,5% del PBI y un déficit nominal del 9,3%. Los dos candidatos reconocen el desequilibrio; la disputa pasa por la velocidad del ajuste y por quién paga el costo.
Lula propone una consolidación fiscal gradual que preserve los programas sociales y mantenga al Estado como motor de la inversión en infraestructura. Su eje es la progresividad tributaria: que quienes más ganan aporten proporcionalmente más, junto con la corrección de distorsiones del sistema impositivo. También plantea sostener el marco fiscal vigente para controlar el gasto sin recortar políticas sociales.
Flávio Bolsonaro promete lo que su equipo llama un tesouraço —un tijeretazo— para eliminar al menos una decena de ministerios y reducir el tamaño del Gobierno central, en línea con lo que hicieron Javier Milei en la Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. Propone además bajar impuestos, reemplazar el marco fiscal actual, privatizar y recortar burocracia.
El bolsillo también entró en campaña. El 25 de septiembre Lula firmó una medida provisoria que prohíbe las apuestas deportivas de cuota fija y los casinos online, un sector que movilizaba unos 60.000 millones de reales anuales y que quedó asociado al endeudamiento y a la adicción. La acompañó con un programa para renegociar hasta 150.000 millones de reales en deudas familiares. Bolsonaro lo acusó de oportunismo electoral: comparte la prohibición de los casinos digitales, pero no la de las apuestas deportivas.
En materia social, el Bolsa Família alcanzaba en septiembre a 19,29 millones de familias, con una prestación promedio de 678 reales. Lula propone preservar esa red; su rival plantea revisar gastos aunque mantiene las políticas dirigidas a los sectores más vulnerables.
Es el terreno donde las diferencias son más nítidas, y el problema excede a ambos: un estudio citado por Folha de S.Paulo estimó que unos 68 millones de brasileños viven en zonas con presencia de organizaciones criminales. El Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho ya no se limitan al narcotráfico: operan en tráfico de armas, lavado de dinero y control territorial, con ramificaciones regionales.
Lula apuesta a la capacidad institucional. Propone crear un Ministerio de Seguridad Pública, fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública para coordinar a la Unión, los estados y los municipios, y poner el foco en inteligencia, investigación financiera de las organizaciones, control de armas y sistema penitenciario federal. Contempla además 10.000 millones de reales —unos 1.900 millones de dólares— en financiamiento reembolsable para que los estados inviertan en equipamiento.
Flávio Bolsonaro apuesta al endurecimiento penal. Promete declarar narcoterroristas al PCC, al Comando Vermelho y a las milicias, y bloquear sus activos para cortarles el financiamiento. Plantea construir cinco cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador y crear 500.000 plazas penitenciarias en cuatro años. Su programa incluye además reducir la edad de imputabilidad penal, restringir la progresión de régimen y ampliar la vigilancia tecnológica.
Hay un matiz que ninguno de los dos resuelve del todo: varias de las principales facciones brasileñas nacieron o se consolidaron dentro del sistema carcelario y siguen operando desde ahí, de modo que ampliar plazas sin cortar esa capacidad de articulación no garantiza resultados.
Es el capítulo donde más se parecen. Los dos programas hablan de digitalización sanitaria y de reducir las filas de espera, aunque difieren en los instrumentos: Lula sostiene la ampliación de la red pública y Bolsonaro la gestión eficiente y la participación privada.
El dato más revelador no viene de ninguna de las dos campañas. Un estudio del IEPS junto con Umane encontró que el 95% de las propuestas sanitarias de los principales candidatos exige recursos adicionales y que el 83% depende de la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Es decir que, gane quien gane, la ejecución va a chocar con el presupuesto disponible y con la relación entre la Unión y los estados.
Las diferencias existen pero no son absolutas. Ambos parten de diagnósticos similares sobre infraestructura, filas en la salud y crimen organizado; lo que cambia es la forma de intervenir y cuánto protagonismo asume el poder público.
Y el rumbo del próximo gobierno no dependerá solo de estas promesas: va a estar condicionado por el presupuesto, por la relación de fuerzas que surja del Congreso —donde se renuevan dos senadores por estado y toda la Cámara de Diputados— y por la capacidad real de convertir las propuestas en políticas.
