El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.
La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.
La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, fueron los reclamos que se escucharon en el hall del Palacio Pizzurno.
La disputa sumó un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios. El magistrado ordenó su cumplimiento inmediato, pero el Gobierno apeló la sentencia de primera instancia.
La norma había sido aprobada en agosto de 2025 y posteriormente vetada por Milei. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso reunieron los dos tercios necesarios para insistir con su sanción. El Ejecutivo la promulgó, aunque suspendió su ejecución bajo el argumento de que los legisladores debían determinar las fuentes de financiamiento.
La decisión de mantener suspendida una ley ratificada por el Congreso abrió un frente judicial que se suma al desgaste político tras reiteradas movilizaciones. “Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta”, cuestionó el presidente del CIN, Franco Bartolacci, durante la conferencia de prensa de los rectores en el Cabildo.
Las restricciones presupuestarias profundizaron las pérdidas de ingresos en todo el sector. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la UBA, los recursos universitarios registraron en julio una caída real del 40,5% respecto del mismo mes de 2023, mientras las casas de estudio y los gremios calculan una pérdida salarial acumulada del 31,2%.
En paralelo, el Gobierno sostiene que los incrementos salariales otorgados superaron la inflación del período utilizado en sus presentaciones judiciales y defendió la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. También reclamó mayores auditorías y cambios en los mecanismos de distribución de recursos, aunque esas propuestas no consiguieron acercar posiciones con las autoridades universitarias.
La quinta marcha incorporará además un componente sindical que amplía la convocatoria. La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —conformado por las dos CTA, ATE y los gremios más combativos— llamaron a participar de la movilización, a la que convocaron las federaciones docentes y no docentes y las organizaciones estudiantiles.
El respaldo de las centrales obreras busca darle mayor volumen a una protesta que coincidirá con una sesión especial de Diputados convocada para las 14. La oposición pretende rechazar el DNU 70/2023 y tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, otros asuntos que generan diferencias entre el oficialismo y distintos bloques legislativos.
Para la Casa Rosada, el riesgo político no se limita a la cantidad de manifestantes que puedan concentrarse frente al Congreso, sino a que la confluencia de reclamos aumente la presión sobre los legisladores aliados que necesita el oficialismo, tanto para sostener el DNU como para avanzar con su agenda parlamentaria.
El conflicto universitario también atravesará las negociaciones por el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno propuso destinar $7,3 billones a las universidades, el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia anticipa una nueva discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con bloques que ya acompañaron los reclamos del sector.
La posición presidencial tampoco muestra señales de flexibilización. En un mensaje publicado el viernes, Milei volvió a cuestionar el uso político de causas vinculadas con las universidades, las jubilaciones y la discapacidad. “No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió en su cuenta de X, al reclamar controles sobre el destino de los recursos públicos.
Esa confrontación mantiene abierto un frente particularmente sensible para el Gobierno. Las universidades lograron sostener sus demandas en las calles, obtener respaldo legislativo y avanzar judicialmente, sin que ninguna de esas instancias haya permitido resolver el conflicto. El jueves volverán a movilizarse, esta vez con el Congreso como escenario de una disputa que amenaza con extenderse a la negociación presupuestaria del próximo año.
