El presidente de El Salvador, Nayib Bukele dio un importante giro en su gestión y afirmó que su gobierno evalúa una liberación «anticipada» y «condicional» de varios de los detenidos durante su guerra antipandillas.
«Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que fueron colaboradores con las pandillas; tendrán una liberación anticipada», sorprendió Bukele, al señalar que, aunque son «culpables», se podrían liberar «condicionalmente» tras analizar el contexto en el que habrían cometido los crímenes por los cuales están en la cárcel.
En total, unas 93.000 personas fueron encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. La polémica medida, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, tuvo varias opiniones en contra. De hecho, varias ONGs y un grupo de expertos de la ONU, derivaron dichas detenciones en crímenes de lesa humanidad.
Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y una cifra muy superior murió entre rejas.
El mandatario sorprendió con el plan de «liberación anticipada» en una conferencia de prensa donde se hablaba sobre inversión española.
En la red social X, fue su propio hermano, Ibrajim Bukele, quien había afirmado previamente que existía una «comisión independiente» que evaluaba casos de detenidos y «trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales», con participación del «Despacho de la Primera Dama», Gabriela Rodríguez de Bukele.
«Me imagino que lo que él quiso decir es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel», defendió escuetamente el presidente salvadoreño ante la consulta periodística.
Desde el exilio, Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal, afirmó a la agencia AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas «es una reiterada demanda de los grupos de derechos humanos».
Pero advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo, y cuestionó que Bukele llamara «colaboradores de pandillas» a los posibles beneficiarios, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.
Por su parte, Bukele reconoció que su Gobierno liberó a unas 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete describieron como parte de un «margen de error» del régimen de excepción.
El mandatario, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero, no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de «liberación anticipada» ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.
Varias organizaciones de derechos humanos también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la guerra antipandillas por considerar que, al no individualizar la responsabilidad penal, se castiga a muchos inocentes.
