La directora de Catastro municipal, Nora Belloni, afirmó que en San Miguel de Tucumán hay 254 edificios sin certificado de final de obra y más de seis de cada 10 están terminados y habitados.
Las expresiones fueron vertidas en una reunión en el Concejo Deliberante de la capital donde se analizó el tema y se alertó que todavía no hay un informe detallado de cuántos de estos edificios representan un riesgo para sus ocupantes. También se deslizó que no es aventurado dudar de algunos edificios que tienen final de obra porque lo consiguieron por los contactos políticos de los constructores.
La reunión se produjo después de la explosión y el incendio registrados en el edificio de Monteagudo 120 que está ubicado frente al Concejo Deliberante. El edificio carece del certificado de final de obra y además, recibió distintas intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades. Un verdadero desatino.

Se informó que solo 8,7% de los edificios que carecen de la certificación correspondiente está desocupado.
De la reunión participaron integrantes de las comisiones de Obras Públicas y Estética, encabezada por Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, presidida por Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio asistieron Belloni, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.
La mayor preocupación de los concejales es la seguridad de los ocupantes de los edificios que carecen del certificado de final de obra otorgado por la municipalidad. Pero al parecer no hay un informe detallado de casos concretos en este sentido.
Ernesto Nagle se preocupó en dejar en claro que si llegara a ocurrir una tragedia mayor a la ocurrida en el edificio de Monteagudo al 100 que los que serían señalados como responsables son los funcionarios municipales pero también los concejales.
El debate también hizo mención a la necesidad de analizar cada caso y extender la excepciones que hagan falta y clausurar aquellos edificios que incumplieron normas de seguridad.

A su turno Lobo Chaklián indicó que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete.
